Desaparecidos y régimen de incomunicación

Los gobiernos se sirven de las desapariciones forzadas como herramienta de represión para acallar la disidencia y para eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos. Con objeto de combatir esta grave violación de derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 20 de diciembre de 2006 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La Convención obliga a los Estados a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada. Asimismo reconoce el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte que ha corrido una persona desaparecida y a obtener reparaciones. También exige a los Estados instaurar firmes salvaguardias para las personas privadas de libertad, buscar a las personas desaparecidas y, en el caso de que hayan fallecido, localizar, respetar y restituir sus restos.

La Convención entrará en vigor cuando la hayan ratificado 20 países. El 27 de julio de 2009, Nigeria se convirtió en el decimotercer país que la ha ratificado. Se necesitan siete ratificaciones más. Amnistía Internacional está realizando una campaña para que la Convención entre en vigor lo antes posible y considera que este objetivo se puede lograr antes de que finalice 2009.

 

INCOMUNICACIÓN

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de España permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación hasta 5 días en todos los casos y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo. Este periodo de 13 días se compone de una fase de hasta 5 días de incomunicación bajo custodia policial, que puede prorrogarse otros cinco días de incomunicación en prisión provisional. Además, en cualquier momento de la instrucción el juez puede imponer tres días más de detención en régimen de incomunicación.

“Durante su detención en régimen de incomunicación, la persona no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección –añadió Nicola Duckworth–. Su familia vive con la angustia de no saber lo que le ha ocurrido, y muchas personas detenidas en régimen de incomunicación afirman haber sido sometidas a tortura o malos tratos, aunque raras veces se investigan tales denuncias.”

“La detención en régimen de incomunicación niega a la persona sometida a ella el derecho a un juicio justo. Tal régimen puede constituir en sí mismo trato cruel, inhumano o degradante. No se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos.”

Diversas organizaciones internacionales han expresado reiteradamente su preocupación por el riesgo de tortura y otros malos tratos que entraña la detención en régimen de incomunicación. Tal fue lo ocurrido en el caso de Mohamed Mrabet Farsi, detenido por cargos de terrorismo el 10 de enero de 2006 en su casa, cerca de la ciudad de Barcelona. Durante su detención en régimen de incomunicación no pudo llamar a su abogado. Según ha contado a Amnistía Internacional, fue torturado y maltratado, pero tanto el médico que lo examinó como el juez de instrucción hicieron caso omiso de sus quejas.

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