Funes, 100 días (CDA)

Lo que yo resalto del informe de El Centro para la Democracia en las Américas:

La administración Funes llegó al poder para enfrentarse con un desalentador panorama social: extrema pobreza; el trauma dejado por la guerra y la polarización; violencia criminal y doméstica en aumento; emigración masiva y desintegración familiar. El Presidente también enfrenta un entorno político complejo. Los partidos conservadores mantienen el control de la legislatura, y el poderoso sector de la empresa privada, las Fuerzas Armadas y los medios, todos forman parte de alianzas históricamente conservadoras. Al mismo tiempo, algunos elementos del propio partido del Presidente Funes, el FMLN, ya han comenzado a protestar ciertas políticas gubernamentales.

Un enorme déficit fiscal calculado entre 500 millones y 1,2 mil millones de dólares, agarró las finanzas de la nación impulsado por la disminución de las remesas enviadas por los salvadoreños que viven en el exterior, la caída de las exportaciones, una deuda de $123 millones con los proveedores comerciales y la reducción de las rentas públicas. A medida que los nuevos ministros designados investigaron las situaciones financieras y de personal de sus instituciones salieron a la luz los retos que heredaron: las arcas de la nación vacías, empleados fantasma, el clientelismo político y el despilfarro.

Por el contrario, el día que nos reunimos con (Breni) Cuenca, la funcionaria y sus asistentes acababan de realizar la primera visita al zoológico nacional. Descubrieron que la institución se encontraba en condiciones atroces, incluso la falta de alimentos y medicamentos adecuados y de un entorno apropiado para los animales. Un asesor de Cuenca, Julio Reyes, describió la actitud del personal como “de gran compromiso con los animales, muy cariñosos,” pero carentes de recursos y apoyo. “Es la primera vez que alguien [del ministerio] ha venido a conversar con nosotros,” le dijeron.

Reyes relató que al abrir la puerta de una nevera encontró docenas de animales pequeños muertos envueltos en tela. Los trabajadores explicaron que los animales no se podían enterrar hasta que alguien fuera a firmar un papel, “y como nunca viene nadie, permanecen refrigerados por años y años,” dijo Reyes.

Un subproducto inesperado de la coyuntura financiera mundial es que la comunidad empresarial tradicionalmente conservadora ahora se siente obligada a trabajar con la nueva administración. En estas conversaciones, se aseguró a los inversionistas que el gobierno respetará los contratos y las leyes y que “a cambio”, dijo Segovia, “les pediremos que respeten las leyes salvadoreñas, paguen los impuestos y respetar el medio ambiente.”

El éxito de estos esfuerzos iniciales condujo a la formación del “Consejo Económico y Social” permanente, compuesto por 62 miembros –  representantes de universidades, sindicatos, iglesias, el sector empresarial, el gobierno y organizaciones populares. El 3 de septiembre asumieron su cargo los miembros del Consejo en presencia del Presidente Funes, quien dijo que la finalidad del organismo – el cual, a propósito, se solicitó hace 17 años en los Acuerdos de Paz – consiste en “promover la participación democrática y cívica” en el gobierno.

El “Plan anticrisis” (PAC) es la representación inmediata de este compromiso y se lo considera la pieza central de la estrategia del gobierno para los próximos 18 meses. El 11 de junio el presidente anunció las primeras medidas, incluso la eliminación de las denominadas cuotas “voluntarias” para sanidad pública, uniformes y útiles escolares gratuitos y un programa de nutrición para 1,4 millones de estudiantes, y una pensión básica mensual para 42.000 ciudadanos mayores empobrecidos.

Según el PNUD El Salvador ha tenido el porcentaje más bajo de inversiones sociales de América Latina. Mientras el gobierno previo concentraba algunos recursos en la pobreza rural, la administración Funes ha ampliado sus esfuerzos para mitigar la pobreza de manera de abarcar también la pobreza urbana. Según el PNUD, 800.000 salvadoreños viven en extrema pobreza (10,8%), el 37% ha empobrecido y la mayoría de los pobres ahora vive en áreas urbanas.

El periodista francoespañol Christian Poveda una vez se refirió a El Salvador como “el ejemplo para el mundo de todo lo que no hay que hacer en el tema de la violencia.” El respetado fotógrafo y periodista cubrió la guerra durante la década del 80, y regresó en 2006 para documentar el accionar de las pandillas y la violencia. Hace poco terminó un documental sobre MS-18, “La Vida Loca”

Poveda, quien se había ganado la confianza de las pandillas, fue ejecutado el 2 de septiembre, se supone que a manos de cinco pandilleros a quienes un agente de la Policía Civil Nacional les hizo creer que era un informante. La trágica muerte de Poveda fue lamentada por muchos incluso el Presidente Funes. “Con su cámara,” dijo el obispo Rosa Chávez, “trataba de abrir los ojos de ellos quienes tienen sus ojos cerrados.”

En las últimas semanas, dirigentes de ARENA y un periódico declararon que la violencia ha aumentado bajo la nueva administración; Federico Hernández de la Cámara de Comercio e Industria criticó al presidente por “dedicar demasiado tiempo a la corrupción.”

Según Juan Héctor Vidal, cualquier aumento del número de incidentes violentos se puede atribuir al incremento de las deportaciones desde los Estados Unidos, y a las pandillas más grandes y más fuertes que se han incorporado al crimen organizado y ahora desafían la determinación del presidente de reducir la violencia. Vidal también destacó que hay más transparencia ahora respeto de las actividades criminales; los medios antes no informaban todo sobre el crimen, dice, y ahora lo exageran para desviar la atención de los escándalos de corrupción.

La legisladora de ARENA Margarita Escobar lo ve de otro modo. Dijo que la amnistía “dejaba nacer la esperanza.” Sin la amnistía, declaró la legisladora, “era imposible tener esperanzas… los derechos humanos habrían sido más difíciles.

La cuestión de la amnistía no se puso sobre la mesa durante la campaña electoral; la prioridad, dijo Ileana Rogel, “era asegurar que no hubiese una crisis a causa de las acciones de la Izquierda.” Es necesario escuchar a las familias y a los sobrevivientes, dijo, y agregó, “tal vez cuando se cumpla el 20º aniversario de los asesinatos de los jesuitas, en noviembre, sea un buen momento para reconsiderar esto.”

Por su parte, el general retirado Mauricio Vargas declaró que la revocación de la amnistía sería un “grave error.” Dijo que la ley es “históricamente correcta,” y advirtió que cualquier intento de modificarla generaría el “riesgo de una insurrección militar.” El arzobispo, José Escobar Alas, declaró que el período de transición política no es un buen momento para sacar a la luz los crímenes de guerra: “Tenemos que analizar si es apropiado o no revocar la amnistía.”

 payés

Han pasado veinte años desde el bombardeo de octubre de la oficina sindical de trabajadores salvadoreños FENASTRAS, la ofensiva del FMLN y el asesinato de los seis jesuitas, su cocinera y la hija de ella, ocurrido el 16 de noviembre. Y el año entrante, 2010, marcará el 30º aniversario de muchos de los crímenes más horrendos acaecidos en El Salvador, incluso los asesinatos del arzobispo Romero y las monjas estadounidenses y la masacre del Río Sumpul. Estos tres crímenes fueron algunos de los casos más notorios de las muertes ilegales que tuvieron lugar en El Salvador. Después de los acuerdos de paz, la Comisión de la Verdad determinó que cada uno de tales crímenes fue perpetrado por el gobierno o sus agentes. Respecto de la cuestión de los crímenes de guerra, el Ministro de Defensa Payés ha dicho que no permitirá que se examinen los archivos de los oficiales, pero que podría considerar un acto de contrición entre los sectores de la sociedad. Durante nuestra entrevista repitió su decisión de “mantener a las Fuerzas Armadas alejadas de la política,” pero, dijo, “todos creemos que quienes participaron (en la guerra) tienen responsabilidad por las personas que murieron. Todas las instituciones deben pedir perdón, bajo la conducción del Presidente Funes, incluso las Fuerzas Armadas.”

Durante la década de los ’80, Washington destinó $6 mil millones en ayuda militar para derrotar al FMLN. Las administraciones Reagan y Bush dieron apoyo político y militar a los sucesivos regímenes, y los oficiales militares salvadoreños posteriormente implicados en las violaciones de los derechos humanos fueron entrenados en la infame Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia (actualmente el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation).

Juan Héctor Vidal, quien actualmente trabaja en un proyecto de transparencia financiado por la USAID, sugirió que Washington debería ser más cuidadoso sobre la forma en que se utilizan sus dólares: “En el pasado Estados Unidos fue muy tolerante con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, como si fuesen angelitos.”

La Millennium Challenge Corporation (MCC) financiará un programa de $460 millones durante los próximos cinco años, pero el país debe cumplir con éxito varios requerimientos, incluso la lucha contra la corrupción. Existe cierta preocupación, nos dijo Roberto Turcios, ante la posibilidad de que El Salvador no pueda alcanzar los requisitos a causa de la corrupción del gobierno anterior. Gran parte de los fondos, en caso de ser aprobados por el Congreso, se asignaría a la construcción de una ruta Norte-Sur en los empobrecidos departamentos de la región Norte del país.

Todas las personas con quienes conversamos enfatizaron la importancia de la diáspora, destacando que se calcula que hay 2,5 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Es casi un dicho que lo que más exporta el país es personas; hasta la disminución reciente de las remesas de dinero, el 18% de los ingresos del país provenía de los fondos enviados desde la diáspora a sus familias en El Salvador. La emigración suministró una válvula de seguridad para el descontento y las remesas de dinero mantuvieron al país a flote durante la última década.

Juan José García, Viceministro de Relaciones Exteriores para los salvadoreños en el exterior, se refirió al tratamiento de los salvadoreños detenidos en los Estados Unidos: “No podemos permitir que los arresten por la mañana y los pongan en un avión esa misma tarde.” Insistió en el derecho de los salvadoreños a un proceso legal antes de la deportación, solicitó una prórroga del programa TPS (Estado de Protección Temporal por sus siglas en inglés) y el fin de las deportaciones que separan a las familias. El envío de supuestos criminales de regreso a El Salvador sin ninguna rehabilitación, dijo, (haciendo referencia a los pandilleros) “crea un problema de seguridad para nosotros aquí y una alta tasa de retorno a los Estados Unidos.”

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La legisladora de ARENA Margarita Escobar nos dijo con gran pasión que ella considera que la situación es “peligrosa” e insistió en que Chávez “está ávido de El Salvador.” Continuó diciendo, “Tenemos que estar muy pero muy atentos para que el sistema democrático no caiga en manos de Chávez… ¿Dejaremos que Chávez entre aquí? ¡Sobre mi cadáver!”

La mayoría conservadora en la Asamblea Nacional seguirá esforzándose por bloquear las iniciativas de la administración. El ex presidente Alfredo Cristiani de ARENA, actualmente jefe del partido, ya ha calificado a la administración Funes como “desorganizada, inepta e incompetente” y ha hecho referencia al sitio de Troya al advertir que un sector de su partido está impaciente y busca la confrontación.

El Presidente Funes también enfrenta las críticas de la izquierda. Dagoberto Gutiérrez de la izquierda radical Tendencia Revolucionaria dijo que la gente está “desencantada” y describió a la actual administración como un “gobierno sin partido y un partido sin gobierno.” Durante nuestra visita, los opositores a un proyecto de una represa aprobado por el gobierno anterior realizaron una manifestación enfrente de la Casa Presidencial y dejaron un gran graffiti que decía: “Funes ya te has olvidado de la gente.”

El 1º de agosto el Presidente Funes viajó al departamento de La Paz para entregar títulos de propiedad a 934 campesinos bajo los auspicios de ISTA, el instituto de reforma agraria. La mayoría de los beneficiarios eran mujeres, y todos habían nacido y trabajado la tierra toda la vida, sin posibilidad de tener la propiedad. “Ahora les podré dejar esto a mis hijos y nietos,” dijo un granjero de 70 años de edad

El Centro para la democracia en las Américas (CDA) tiene por finalidad cambiar la política de los Estados Unidos hacia los países de las Américas basando nuestras relaciones en el respeto mutuo, promoviendo el diálogo con los gobiernos y movimientos con los cuales la política de los Estados Unidos no concuerda y reconociendo las tendencias positivas en la democracia y el gobierno.

De acuerdo con su misión, el CDA ha seguido de cerca los acontecimientos en El Salvador durante este año de transformación en su historia política. Delegaciones del CDA han visitado El Salvador en tres oportunidades durante 2009: para monitorear las elecciones presidenciales del 15 de marzo; para observar la toma de posesión por parte del Presidente Funes; y nuevamente en julio para entrevistar a los salvadoreños a los fines de elaborar este informe.

Además, el CDA ha publicado informes escritos acerca de las elecciones y la toma de posesión del cargo, los cuales se pueden descargar desde el sitio http://democracyinamericas.org/publications.

Hemos realizado una reunión informativa para el personal del Congreso, los medios periodísticos, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y embajadas extranjeras sobre los resultados de la elección presidencial. En noviembre de este año, el CDA también enviará una delegación a El Salvador con motivo de la conmemoración del 20º aniversario del asesinato de los curas jesuitas y para analizar las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y El Salvador.

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