Antejuicio, prevaricato y desacato. Las amenazas políticas a la independencia judicial de la Sala de lo Constitucional.

Lic. Samuel Aliven Lizama, Juez.

El malestar generado por las decisiones de la Sala de lo Constitucional que han afectado al sistema electoral y a los partidos políticos han propiciado múltiples reacciones por parte de diputados, el Presidente de la República y otras instancias. Es necesario considerar tres de ellas que se han expresado con suma simpleza y someterlas al análisis desde el punto de vista jurídico: la amenaza de antejuicio; la amenaza de haber cometido desobediencia, rebeldía o desacato; y, finalmente, la amenaza de que han cometido prevaricato. Comencemos por el antejuicio.

El antejuicio según el artículo 236 de la Constitución constituye un mecanismo de exigir responsabilidad a determinados funcionarios públicos, entre ellos los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, cuando cometen delitos oficiales y comunes, a efecto de que antes de ser juzgados por los tribunales, sea la Asamblea Legislativa quien decida si deben o no ser enjuiciados. La Asamblea Legislativa nombra a un fiscal de su seno, escucha al imputado, a su defensor, analiza las pruebas presentadas y finalmente decide si hay lugar o no a formación de causa. Si hay lugar a formación de causa el imputado pasa a los tribunales comunes para ser investigado y enjuiciado. El requisito para realizarle un antejuicio al funcionario público es que haya cometido un delito oficial o común de los que determina la ley.
El procedimiento de antejuicio se encuentra regulado en los artículos 419 al 429 del Código Procesal Penal. El artículo 421 se relaciona con el artículo 268 que establece que la Fiscalía General de la República al recibir una denuncia debe iniciar el proceso judicial “en el menor tiempo posible”, norma que se encontraba idéntica en el Código Procesal Penal derogado, y que fue declarado inconstitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 5-2001 de 23 de diciembre de 2010, en la que se determinó que el tiempo máximo constitucionalmente válido para que la Fiscalía inicie el proceso a una persona denunciada era de 10 días.
Lo anterior permite considerar que las denuncias en contra de Magistrados de la Sala de lo Constitucional ante la Fiscalía, al haber terminado el plazo legal de 10 días para el inicio del proceso, debieron ser archivadas ya por el señor Fiscal General de la República, en aplicación del artículo 293 del Código Procesal Penal, y notificado su archivo definitivo a los funcionarios denunciados por razones de seguridad jurídica. Ahora consideremos los hechos o imputaciones que se les han realizado a los Magistrados.

El delito de Desacato se encuentra previsto en el artículo 339 del Código Penal y constituye un delito común que sólo puede ser realizado por una persona particular, en contra de un funcionario público, por ello se ubica en el capítulo de “Delitos cometidos por particulares”, y consiste en ofender de hecho o de palabra el honor o decoro del funcionario, amenazarlo en su presencia o en escrito que le dirigiere. Es evidente que tal conducta no podría ser imputable a ninguno de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional.
En algunas ocasiones se ha expresado que los Magistrados de la Sala de lo Constitucional se han puesto en “desobediencia” y en una actitud de “rebeldía” ante la Asamblea Legislativa. Esto amerita hacer dos consideraciones. La primera, es que las relaciones entre órganos del Estado no son relaciones de subordinación en las que un órgano fundamental deba obediencia a otro. Las relaciones entre órganos del Estado según el artículo 86 de la Constitución son relaciones de colaboración. Lo segundo es que la independencia que la Constitución reconoce a los jueces y magistrados implica que la toma de decisiones de un tribunal debe estar exenta de amenazas, presiones, chantajes o cualquier otra circunstancia que afecte la imparcialidad que debe regir la función jurisdiccional.

También se ha dicho que los Magistrados de la Sala de lo Constitucional han cometido prevaricato. El delito de Prevaricato se encuentra en el artículo 310 del Código Penal, delito que sólo puede cometer un juez, consiste en dictar una resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos, por interés personal o soborno. También se considera prevaricato el hecho que un magistrado dirija por sí o por medio de otra persona al interesado o a las partes en juicio. Ninguna de tales conductas se les ha atribuido a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y menos que hayan dirigido en juicio a una de las partes o a la Asamblea Legislativa. El simple malestar generado por las decisiones del máximo tribunal de justicia constitucional, al que la Constitución le atribuye la función de intérprete máximo de la Constitución, jamás podría considerarse Prevaricato.

Finalmente, debe decirse que la involución evidenciada al proceso de consolidación de un genuino Estado Constitucional de Derecho mediante las amenazas mencionadas, constituye un retroceso al anhelo de los Acuerdos de Paz de 16 de enero de 1992 de fortalecer el Órgano Judicial y su independencia, lo que parece haberse olvidado en menos de dos décadas. Los ataques a la independencia judicial es algo que a la vuelta de los vaivenes de la política del momento podríamos lamentar. La frase ícono de la independencia judicial ¡Hay jueces en Berlín! podemos parafrasearla ¡Hay jueces en El Salvador!

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