El Estado Salvadoreño condenado por la masacre El Mozote

El tribunal, con sede en San José, declaró “por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada” en la matanza de El Mozote, según la sentencia difundida este lunes.

En el marco de la guerra civil salvadoreña, tropas del ahora batallón Atlacatl arremetieron, entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, contra los civiles de siete comunidades de El Mozote, unos 200 kilómetros al noreste de San Salvador, incluidos niños, mujeres y ancianos.

La Corte declaró “responsable al Estado por la violación al derecho a la vida y a los derechos del niño, en razón de las ejecuciones perpetradas” y estableció “que algunas mujeres fueron sometidas a violencia sexual, lo cual violó su derecho a la integridad personal y a la vida privada”, según el fallo.

Con el fin de la guerra civil, una Comisión de la Verdad creada por la Organización de las Naciones Unidas responsabilizó en 1993 de la matanza a varios militares, algunos de los cuales murieron durante la guerra.

No obstante, la masacre, que conmocionó a la comunidad internacional, quedó impune en virtud de una Ley de Amnistía de 1993, por lo que las víctimas, apoyadas por organizaciones civiles, recurrieron al tribunal del sistema interamericano.

La Corte señaló que “la obligación de investigar persiste para el Estado hasta que se realice un juzgamiento adecuado y (…) se sancione a todos los responsables de las violaciones”.

El tribunal condenó al Estado salvadoreño por violación al derecho a la propiedad privada porque “en la operación militar las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias, les quemaron sus viviendas y sus cultivos, y mataron a sus animales”. El organismo dijo que no se puede establecer con precisión la cantidad de víctimas de la matanza, aunque los demandantes, la oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) contaban ya más de 950 personas hace un año.

Como medidas de reparación, la Corte ordenó investigar a fondo los hechos, concluir el censo sobre las víctimas -el número exacto se desconoce-, “asegurar” que la Ley de Amnistía no sea un “obstáculo” para la investigación, “realizar las exhumaciones necesarias”, y la “identificación” y “entrega” de restos a los familiares.

 

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