En un momento en que se le pide a la Fiscalía y a su cabeza, Luis Martínez (quien busca su reelección), que se haga justicia en el caso de monseñor Romero, me pareció importante resucitar las cosas que me llegaban en las cadenas de correo en el año 2007 (¡!), cuando Tony Saca era nuestro carismático presidente y una amiga de ese entonces me ponía:
Con la pena … pero estos mails no me interesan , no entiendo de politica , no me interesa la politica asi ke ya no me mandessssssssssssssssssssssssss estooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo hahahahaha no lo tomes a mal kerido mua mua!
(Sí, guardo las cosas y, sobretodo, la pena ajena por más de 8 años)
Empiezo con el comunicado y, al final, les dejó los audios de la conferencia de prensa de David Morales y las preguntas de la prensa. En ellos se nos ilustra sobre el actuar de la máxima autoridad de la iglesia en ese momento, Fernando Sáenz Lacalle (hágase el favor de leer lo que dicen sobre él aquí), cómo El Salvador dijo estar dispuesto a salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no tener que lidiar con el tema de la amnistía y cómo compartimos la vergüenza con Chile de tener legislaciones que protegen a quienes han cometido crímenes de lessa humanidad.
24 octubre
COMUNICADO DE PRENSA
Diálogo Arzobispo-Gobierno: Caso Monseñor Romero
El Comité de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica, en respaldo a la causa del reconocimiento a la verdad, acceso a la justicia y superación de la impunidad respecto del asesinato de Monseñor Oscar Romero, abre su espacio para que el licenciado David Morales, abogado de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador dé a conocer información de relevancia pública sobre el proceso de diálogo en torno al caso de Monseñor Romero iniciado entre el Señor Arzobispo de San Salvador y el Gobierno de El Salvador. Asimismo, el Lic. Morales dará a conocer su posición pública ante el caso de su despido arbitrario de la Oficina de Tutela Legal.
Presentada a continuación:
Posición de David Morales, abogado de Tutela Legal del Arzobispado, respecto del diálogo sostenido entre el Señor Arzobispo y el Gobierno, en torno al caso de Monseñor Oscar Romero y su despido arbitrario a consecuencia de su posición adoptada ante la CIDH.
El pasado 10 de octubre de 2007, comparecí en la ciudad de Washington DC, como parte de la delegación de peticionarios [1] que en etapa de seguimiento de recomendaciones informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los incumplimientos del Estado en el caso del magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
La audiencia fue programada por la CIDH a petición de Tutela Legal y CEJIL, luego que en reunión de trabajo del 19 de julio de 2007, el Estado de El Salvador negara su responsabilidad en el magnicidio de Monseñor Romero y rechazara cumplir con las recomendaciones de la Comisión, así como dialogar sobre una propuesta de reparaciones presentada por las instituciones peticionarias. La anterior situación colocó al Estado de El Salvador en franca posición de desacato ante la autoridad de la CIDH.
Ante el desacato, Tutela Legal y CEJIL solicitaron una audiencia de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dictadas por la CIDH en 2000 para el caso de Monseñor Romero. La misma se realizó con fecha 10 de octubre de 2007 y en ella los peticionarios cumplimos nuestro deber ante la familia Romero, la Iglesia Católica y la sociedad salvadoreña, de informar a la Comisión sobre los incumplimientos del Estado salvadoreño respecto de sus recomendaciones en el caso de Monseñor Romero.
Pocos días antes de la audiencia, el Señor Canciller de la República solicitó al Señor Arzobispo de San Salvador entablar un diálogo sobre el caso de Monseñor Romero, a lo cual accedió el Señor Arzobispo, designando como su representante al Señor Vicario de Promoción Humana, Monseñor Richard Antall.
Estuve presente en dos reuniones previas entre las delegaciones del Señor Arzobispo y el Señor Canciller para tratar el tema. En ambas el Estado manifestó su decisión de continuar en desacato ante la CIDH, pues fue categórico en afirmar que no reconocían responsabilidad en el asesinato de Monseñor Romero y su impunidad posterior; también afirmaron que no estaban dispuestos a procesar a los responsables del crimen y que tampoco anularían la Ley General de Amnistía. Adujeron que si estas exigencias continuaban el Presidente de la República estaría dispuesto a denunciar (renunciar) a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pese a estos argumentos inaceptables, Monseñor Antall decidió continuar con el diálogo con anuencia del Señor Arzobispo. Por tanto, ambos Monseñores decidieron seguir dialogando con el Gobierno fuera del marco de las recomendaciones de la CIDH en torno al caso Romero.
En la primera de las reuniones se acordó informar a la Comisión que se había iniciado un diálogo y que las partes expresaban buena fe para continuarlo, también que se tomaría el tiempo necesario para ello. Nunca se pactó ni se ordenó expresamente por los ya mencionados Monseñores, que Tutela Legal del Arzobispado debería guardar silencio ante la CIDH por los incumplimientos del Estado.
Durante la audiencia del 10 de octubre de 2007 informé a la CIDH, como puede comprobarse en el video público de la audiencia, de los elementos acordados antes dichos. Rechazo, por tanto, la atribución de deslealtad laboral de la cual me acusa públicamente el Señor Arzobispo de San Salvador.
Mi despido como abogado de Tutela Legal del Arzobispado es una represalia contra la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado por haber representado una posición institucional histórica de dicha oficina, sostenida vehementemente por el propio Monseñor Arturo Rivera Damas y por nuestra histórica defensora de los Derechos Humanos, María Julia Hernández.
Mi silencio ante la Comisión Interamericana hubiese significado un acto inaceptable de deslealtad ante la familia Romero, ante la Iglesia Católica, ante el pueblo y ante los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
Considero altamente positivo que, en contraste con su posición privada de anuencia al desacato estatal, sostenida a través de su representante personal, el Señor Arzobispo de San Salvador haya manifestado en su último comunicado de prensa (21 de octubre de 2007), que su diálogo con el Gobierno abordará el conjunto de las tres recomendaciones dictadas por la CIDH en el caso de Monseñor Romero, lo cual incluye el procesamiento de los responsables y la anulación de la Ley de Amnistía General.
Los antecedentes obligan al pueblo salvadoreño, a la Iglesia Católica y a la comunidad internacional, sin embargo, a exigir al Señor Arzobispo y al Señor Canciller de la República, un nivel grande de transparencia en las conversaciones. Ello debería suponer la exigencia al Estado de una declaratoria pública de responsabilidad y de anuencia a dialogar sobre las tres recomendaciones como requisito para la continuación del diálogo. También la información pública sobre los avances de las conversaciones y la solicitud de participación de la CIDH como garante del proceso.
Un signo altamente significativo de transparencia, sería el pronunciamiento público de respaldo que el Señor Arzobispo podría ofrecer al trabajo de defensa de la verdad y acceso a la justicia en el caso de Monseñor Romero que ha desempeñado hasta hoy la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado.
David Morales
24 de octubre de 2007
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[1] Las organizaciones peticionarias son la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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PUEDE ESCUCHAR LOS AUDIOS AQUÍ
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