Huir o quedarse, un acto suicida

Refugees International (RI) presentó el informe “Huir o Quedarse, Un Acto Suicida”: Desplazamiento interno en El Salvador que, entre otras cosas, dice:

En El Salvador son asesinados más niños per cápita que en ningún otro país. Dos pandillas son las principales responsables de esta violencia cada vez mayor. Las pandillas, Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 se originaron en Los Ángeles, pero a partir de 1996, miles de personas fueron deportadas a El Salvador en un proceso descrito como una “migración no intencional de pandillas patrocinada por el Estado”. Hacia 2005, El Salvador tenía 10 000 miembros activos de pandillas, y este número no ha dejado de crecer en años posteriores. Actualmente existen 70 000 miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18 que operan en El Salvador, comparados con aproximadamente 24 000 oficiales de policía salvadoreña y 28 600 guardias privados de seguridad que protegen a los salvadoreños que pueden pagarles.

A diferencia de lo que ocurría durante la guerra, la mayoría de los salvadoreños en la actualidad no es asesinada porque se presume que está afiliada con el gobierno o con las guerrillas. Se los asesina porque viven en comunidades que han sido tomadas por las pandillas, o se trata de mujeres jóvenes que no están dispuestas a someterse a ataques sexuales u otro tipo de violencia impuesta por los miembros de las pandillas, o se presume que son miembros de pandillas por su juventud o por su aspecto; en consecuencia, la policía o el ejército los asesina extrajudicialmente. A veces las pandillas toman como objetivo una casa o un edificio de departamentos simplemente debido a su ubicación estratégica, y una vez que se les ordena irse, los residentes no tienen más alternativa que  marcharse. Aunque no existe un cómputo oficial, un estudio reciente demostró que podría haber 288 000 personas internamente desplazadas en El Salvador.

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RI supo que existen muchas maneras en las que una persona o una familia pueden ser desplazadas forzosamente; la mayor parte de esas maneras incluye violencia extrema o amenazas de muerte. RI supo sobre una adolescente que fue secuestrada de su casa, llevada a prisión y violada reiteradamente por los prisioneros durante una noche entera. A la mañana siguiente la llevaron otra vez a su vecindario y su familia tuvo que irse del lugar de inmediato para que no volvieran a secuestrarla. En otra situación, un joven fue golpeado con brutalidad por un oficial de la policía, aunque su padre también era oficial de policía. Cuando su padre presentó una queja, la familia comenzó a recibir amenazas de muerte y tuvo que huir de su hogar. Otra familia huyó de su comunidad porque dos de los hijos se negaron a ser reclutados en una pandilla. La pandilla los persiguió y mató a uno de los hijos. En un ejemplo final, una joven accedió a ser testigo para la oficina del fiscal de distrito y fue incluida en un programa de protección de testigos dirigido por el Ministerio de justicia; sin embargo, su familia recibió amenazas debido a su testimonio y la familia debió huir.
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El Salvador tiene la concentración más elevada de miembros de pandillas per cápita en América Central,7 y existe también una presencia importante de narcotraficantes provenientes de México. En el 2013, el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) llegó a la conclusión de que el 66% de todos los niños salvadoreños solos habían huido para escapar del abuso de delincuentes.
(…)

En los últimos 20 años, ningún gobierno salvadoreño ha estado dispuesto a desarrollar ni invertir en programas y redes que podrían ayudar a las personas desplazadas forzosamente. No existe ningún punto de referencia principal o institucional del gobierno que coordine una respuesta humanitaria a las personas desplazadas. Ni siquiera existen programas para ayudar a estas familias a reclamar justicia contra los perpetradores de la violencia, ya que las víctimas sólo reciben protección si aceptan testificar contra un delincuente, y únicamente mientras el caso está activo. Pero dado que el índice de condena penal en El Salvador es inferior al 5%, la detención de un perpetrador no sirve para garantizar la justicia ni devolver la seguridad a una familia. En cambio, al cooperar con la policía, una víctima o un testigo de violencia puede estar más expuesto al peligro. De acuerdo con algunas OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil), muchos ex testigos fueron asesinados después del juicio debido a que el gobierno no siguió protegiéndolos.

Durante una tregua que hubo en el 2012 entre las dos pandillas principales de El Salvador, los asesinatos disminuyeron en forma drástica e inmediata. Sin embargo, en enero del 2014, el presidente recién electo del país, Salvador Sánchez Cerén, rechazó públicamente la tregua y lanzó una ofensiva agresiva que incluyó el traslado de los líderes de las pandillas a celdas de máxima seguridad, y como consecuencia surgieron en las calles líderes de pandillas más jóvenes y menos disciplinados. El índice de asesinatos aumentó rápidamente a más de 61 personas por cada 100 000, mayor que en cualquier otro momento desde el final de la guerra civil en 1992. Hasta mayo del 2015 fueron asesinadas más de 20 personas todos los días, y en junio se superó incluso ese número récord de asesinatos. Algunas de las municipalidades de El Salvador actualmente tienen índices de asesinatos de más de 127 personas por cada 100 000, casi el doble que los de Honduras, que el año pasado ganó el triste título de capital del asesinato en el mundo.

Descargue el informe completo (son 16 páginas) AQUI.

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