Las revelaciones de Fredys

En las reuniones, declaró el coyote guatemalteco (uno de los testigos), nadie más entraba al restaurante en San Sebastián Salitrillo. Solo la mesa de Silva Pereira y su gente; tres o cuatro meseros sin uniforme sirviendo las cervezas, los platos de carne a la plancha y sopa de gallina, sus propias botellas de whisky.

Quizá Reynerio sí estuvo aquel día cuando se habló del asesinato. Sin embargo, aquel restaurante donde los únicos comensales se comportaban como dueños y hablaban del crimen sin ningún temor a ser escuchados no pertenecía al narcotraficante. Ese restaurante era negocio familiar de un político salvadoreño que actualmente ejerce: Abilio Flores, alcalde de Ahuachapán.

Keep

Óscar Armando Villanueva.

Ese es el nombre de El Coronel. Tiene 50 años aproximadamente, tiene nacionalidad salvadoreña y guatemalteca.

Fredys trabajó para él durante más de tres años llevando carros robados, armas y droga. Vio su nombre en una tarjeta de circulación de un automotor y lo constató a través de los años de trabajo delictivo.

Fredys es capaz de reconocerlo si se le mostrara en fotografía. De hecho, descartó los rostros de algunos homónimos en expedientes judiciales que los periodistas de El Faro le mostraron.

Asegura que la única razón por la que nunca pronunció su nombre durante el juicio contra los diputados fue porque un fiscal salvadoreño se lo pidió. Ese fiscal, asegura Fredys, fue Lorenzo Antonio Martínez, exjefe de la Unidad de Robo y Hurto de Vehículos durante tres gestiones (Belisario Artiga, Félix Garrid Safie y Romeo Barahona). Martínez fue el primer fiscal en recibir el testimonio de Fredys, cuando él solo era un hombre arrestado por varios delitos de robo de vehículos en El Salvador. Una vez recibió el testimonio lo pasó a la Unidad de Crimen Organizado, para que ellos le otorgaran la calidad de testigo protegido en El Salvador y lo presentaran ante las autoridades guatemaltecas. Sin embargo, Fredys recuerda que antes de asignarlo a esa nueva unidad, Martínez le pidió guardarse el nombre de El Coronel.

En una de sus cartas escribe: “En el mes de febrero del año 2008, me saca de mi casa la PNC, en ese entonces, la División de Protección al Transporte (DPT), por la orden que andaba desde 2005 (cuando se escapó de los policías que lo esperaban para recapturarlo en los juzgados). Soy trasladado a bartolinas de la División de Finanzas, donde estuve privado de libertad ilegalmente por el entonces jefe fiscal de la Unidad de Hurto y Robo de Vehículos, Lorenzo Martínez… casi cuatro meses sin ser puesto a la orden del tribunal que me reclamaba. Luego, un investigador de la DPT me trasladó a la DIC (División de Investigación Criminal), para que Lorenzo me ofreciera criterio, pero yo le dije que no, que mejor hiciéramos un trato, que yo le daba la información que poseía (del caso de los diputados) a cambio de que él me limpiara los delitos de los cuales me acusaba. Fue así que me pidió lo que yo sabía, con nombres y todo. Al transcurso de unos días me dice que me iba a poner a la orden de la Unidad contra el Crimen Organizado, pero me pide que oculte el nombre de dos implicados, teniendo yo que hacerlo porque estaba bajo sus manos… di mi declaración tal como él me lo había pedido, quedando en la impunidad y sin ser procesadas estas dos personas de origen salvadoreño”.

Más adelante, dice: “Toda esta información que les estoy dando puede causarme la muerte”, y se pregunta: “No entiendo por qué el fiscal general (Luis Martínez) no quiere investigar ni procesar a estas personas que faltan, pues desde enero de este año (2014) he mandado una serie de escritos al entonces jefe de la unidad (Rodolfo Delgado), sin tener respuesta”.

En diferentes ocasiones se le preguntó a Fredys por escrito y en persona por qué daba la información, y su respuesta fue una mezcla de motivos que iban desde que deseaba justicia, hasta que pretendía que el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson (hermano de uno de los asesinados), le ayudara para que prosperara una demanda que interpuso contra El Diario de Hoy por haber divulgado su nombre completo y dirección mientras era testigo protegido, situación que según dice puso la vida de su familia en riesgo. Mencionó también el deseo de salir de la situación en la que estaba, lo que los periodistas de El Faro entendieron como un deseo de obtener algún nuevo trato para evadir la acusación del robo a la pareja en Lourdes y no llegar a prisión. Aseguró que estaba muy mal de salud, algo que se constató al verlo en el hospital Zaldaña.

Se le preguntó en diferentes cartas por qué creía que el exfiscal Lorenzo Martínez le pidió mentir: contestó que no tenía pruebas, pero que su lógica lo hacía pensar que el exfiscal “se llenó las bolsas de dinero”. “No creo que el favor se lo haya hecho gratis. Lorenzo tuvo tiempo suficiente para poder negociar con ellos algún tipo de trato a cambio de no involucrarlos”.

Martínez fue despedido por el actual fiscal general en febrero de 2013. Los únicos argumentos fueron que “no reunía los requisitos” y falta de confianza. Cuatro fuentes de la Fiscalía y de la Policía aseguran que sobre Martínez pesaban muchas críticas de gente que había trabajado con él. Lo consideraban, dijo una fuente fiscal, alguien “sin escrúpulos” con tal de resolver un caso. Tres fuentes fiscales aseguraron que Martínez, poco después de su despido, se fue del país rumbo a Canadá, con intenciones de residir allá. El Faro no consiguió contactarlo.

Lea el artículo completo:

El testigo clave del asesinato de los diputados dice que mintió por petición de la Fiscalía

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