Corrupción Histórica de El Salvador (pt.3)

Para finalizar esta trilogía, he elegido como tema principal “Tiempos mejores” en voz de #YuriHomofóbica y escrita por Sergio Andrade porque estoy seguro de que él se la cantaba a sí mismo cuando se escondía en Brasil y así conservó la esperanza. Esta es la última parte con mi selección de lo “m3jor” del informe de probidad presentado en el 2001 (casualmente ya no disponible en línea después de tantos años). Diecinueve años después podemos darnos cuenta de que ciertamente vivimos hoy tiempos mejores. (¿?)

Empecemos…

Vicecónsul destituido

En octubre 2001 el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la destitución como Vicecónsul en Long Island (Nueva York) de Dinamo Gutiérrez Guirola, a quien se le atribuye haber ordenado la elaboración de pasaportes sin autorización de esa dependencia. Esta semana la Ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela de Ávila, confirmó que tanto su dependencia como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, están investigando a Gutiérrez Guirola, quien, aunque ya no funge como funcionario diplomático, sigue siendo empleado de esa dependencia.

Corrupción y el terrorismo

Unas investigaciones realizadas por los medios de comunicación revelaron una serie de irregularidades en las que se implicaba a entes gubernamentales y fortalecía las sospechas sobre los vínculos entre algunos salvadoreños con terroristas internacionales.

Se cree que Luis Posada Carriles, Ricardo Caballo
(SIC) y otros individuos y organizaciones criminales internacionales tuvieron una relación estrecha con los escuadrones de la muerte salvadoreños – y con sus patrocinadores de la élite económica – que aterrorizaron al país desde los años 70 hasta los Acuerdos de Paz (1992) y por esto han tenido facilidades para operar desde El Salvador.
También muchos consideran que el tratamiento de los casos Talleres Moldtrok y SERTRACEN por parte de los medios y del gobierno fue limitado por personas y grupos a quienes no les conviene que los vínculos y las actividades oscuras de estas empresas sean revelados.

Contrabando de Municiones

(…) Parte del cargamento sería vendido a la ANSP gracias a una licitación en que Talleres Moldtrok había resultado favorecido. La empresa, que actuó como representante en El Salvador de la firma española Trust Gibar, participó en la licitación sin contar con autorización para la importación de armas y municiones ni con depósitos especiales para su resguardo. Algunas fuentes de la ANSP declararon que Talleres Moldtrok presentó a Vetement Tropical, dedicada a la confección de ropa, como la empresa importadora. Vetement Tropical sí contaba con autorización para importar armas y municiones y según el propietario Orlando Chaín llevaban tres años haciendo este tipo de transacciones con Talleres Moldtrok.

Hugo Granadino, ex-director de la ANSP, dijo que no investigó si Talleres Moldtrok podía importar municiones porque la compra supuestamente fue local, es decir con existencias en el país. Luego el contrato de compra fue cancelado porque la empresa no cumplió con el plazo de entrega. Sin embargo, nunca se aclaró por qué Rodolfo Majano, ex subdirector de la ANSP, ordenó que el cargamento de municiones fuera llevado a las instalaciones de la Academia, sin que Talleres Moldtrok hubiera pagado los impuestos.

En marzo 2001, La Prensa Gráfica consultó el Registro de Comercio, si Distribuidora Moldtrok S.A. de C.V. y Outdoors Vetament Tropical S.A. de C. V. estaban registradas. La respuesta fue que estas sociedades anónimas no existen.



Vinculación de Talleres Moldtrok con Posada Carriles

Talleres Moldtrok fue vinculada por el gobierno de Cuba con Luis Posada Carriles, acusado de terrorismo y de preparar un atentado contra el presidente de ese país. Ramón Sanfeliú, el principal propietario de Talleres Moldtrock, admitió conocer a Posada Carriles desde 1986, aunque negó cualquier vínculo con sus actividades delictivas, y declaró que lo conoció por medio del coronel Luis Orlando Rodríguez, asesor de la embajada estadounidense.

Ante la relación entre Senfeliú y Posada Carriles, Cuba expresó que, desde la pasada administración presidencial de Armando Calderón Sol, había entregado información al gobierno salvadoreño para investigar a Posada Carriles, sin que hasta ahora haya obtenido respuesta. En marzo 2001, el ministro de Seguridad Pública, Francisco Bertrand Galindo, afirmó que desde noviembre 2000 el Presidente de la República, Francisco Flores, había ordenado abrir una investigación, pero se negó a dar más información. Se esperaba que dichas investigaciones fueran sobre las actividades terroristas y vínculos de Posada Carriles en El Salvador, sin embargo, las mismas solo se limitaron a determinar la forma en que obtuvo documentos de identidad salvadoreños. En mayo, Bertrand Galindo declaró que el caso estaba oficialmente cerrado.


SERTRACEN – Ricardo Cavallo

El gobierno salvadoreño no ha mostrado interés en investigar los nexos en el país del ex-militar argentino Ricardo Cavallo, detenido en México en agosto/2000 bajo cargos de genocidio, tortura y terrorismo durante la dictadura militar argentina (1976-1983). Caballo es socio de la empresa argentina Talsud, que a su vez era socia de Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN), la empresa que está encargada en El Salvador del registro vehicular, la emisión de licencias de conducir y la distribución de placas. SERTRACEN también fue una de las dos empresas calificadas en la apertura de ofertas económicas para manejar el registro de armas en el año 2000.Cavallo es hermano del gerente general de SERTRACEN, Óscar Eduardo Cavallo.

En México, después de la captura de Cavallo, el gobierno intervino la empresa que este administraba, el Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), y fueron requisados sus registros y derechos – según reportó el semanario Proceso – con el propósito de “resguardar la seguridad de vehículos, usuarios e información confidencial ante los malos manejos administrativos detectados”. El secretario de Economía de México, Ernesto Derbez, confirmó que el registro de vehículos pasaría nuevamente bajo control y administración del Estado y declaró que: “No permitiremos que el involucramiento de un criminal internacional, como Ricardo Miguel Cavallo, se repita jamás dentro de un organismo con información propiedad de los mexicanos”.

(…)
Ese mismo mes, el vicepresidente de SERTRACEN, Roberto Siegrist, anunció que en diciembre 2000 Talsud transfirió sus acciones a otros inversionistas y rompió su vínculo con SERTRACEN. En ese momento, según el de comercio, los directivos de SERTRACEN eran: Juan José Borja Papini, presidente; Roberto Armando Siegrist, vicepresidente-secretario; José Ernesto Borja Papini, director; suplentes: Francisco Manuel Borja Rodríguez; Arturo Argüello Oertel; Julia Margarita Borja de González y Graciela Lucía Diego de Siegrist.


Aunque otros países han realizado investigaciones de los negocios de Caballo, aquí en El Salvador se muestra poca voluntad de aclarar cómo SERTRACEN ganó las licitaciones para implementar los registros de tránsito, quiénes participaron en el comité que seleccionó a esta empresa y cuáles son sus vínculos con personalidades salvadoreñas.

Ricardo Miguel Cavallo


De la mano con la corrupción: Lavado de dinero, contrabando y tráfico de drogas

En el mes de julio 2001, por primera vez en la historia del país, la Fiscalía General anunció que estaba investigando unos 50 casos de funcionarios públicos presuntamente vinculados con el lavado de dinero proveniente de actos de corrupción y actividades de narcotráfico. Aún no se sabe cuándo la Fiscalía concluirá las investigaciones y presentará los casos ante los tribunales.


En mayo 2001, se abrió un proceso judicial contra tres imputados acusados de contrabando: Juan José Umanzor, Noé Vásquez y Carlos Lazo en la zona de Santa Rosa de Lima. En el caso de Umanzor, fue capturado en posesión de 2 mil 492 bultos de ropa, cuyo valor supera los 10 millones de colones, ingresados ilegalmente al país en 9 furgones. A pesar de la magnitud del delito y la evidencia, el juez de la causa lo dejó en libertad provisional. Por su parte, cientos de comerciantes, incluyendo a la alcaldesa de la localidad, acompañaron a Umanzor en la audiencia, sosteniendo su inocencia.

Contrabando de Cigarrillos


Lamentablemente La Prensa Gráfica omitió hacer mención de investigaciones recientes, que han sido ampliamente conocidas a nivel internacional, en las cuales las mismas empresas British American Tobacco y Philip Morris han sido señaladas de ser las responsables del contrabando de cigarrillos, la evasión fiscal y sobornos a funcionarios públicos. Según las denuncias, estas tabacaleras acostumbran introducir ilegalmente cigarrillos en los países como parte de su guerra comercial y para obtener mayores ganancias fruto de la evasión fiscal.

El mercado local de la droga


El Diario de Hoy reportó cómo en la ciudad de San Miguel, al oriente del país, es fácil comprar droga:

“Los distribuidores de estas sustancias la venden con tranquilidad a personas de todas las edades. Los menores de edad son sus favoritos. El “crack”, el preferido. El parque David J. Guzmán es una de esas zonas ideales para las transacciones. La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Paz y el Palacio Municipal son testigos mudos de ese comercio ilegal.

Otras zonas que figuran en los listados de los consumidores migueleños son la terminal de buses, la línea férrea, La Presita, la Milagro de la Paz, o Curruncha, en la calle que conduce a la colonia España y el Triángulo (a la entrada de la ciudad), entre otras.”


#Tips

Respaldo antidrogas de los EEUU


La actual embajadora de Estados Unidos en Colombia y ex-embajadora ante El Salvador, Anne Patterson, declaró que su país dará a El Salvador 3 millones de dólares provenientes del presupuesto aprobado – de mil 300 millones de dólares- por Washignton para el Plan Colombia. Dicho Plan busca erradicar el 50% de los cultivos de coca y amapola en Colombia en los próximos cinco años.

En julio 2001, el director de la PNC, Mauricio Sandoval, anunció el fortalecimiento de las investigaciones antinarcóticos de la institución policial y el aumento de los patrullajes en conocidos centros de distribución. Sandoval se comprometió a presentar resultados concretos entre agosto y septiembre de este año. Según él, “aun cuando puede haber resultados iniciales, éstos son menores, pero a medida que se va avanzando en el tiempo, se va profundizando y vamos ir agarrando \’peces más gordos\'”.


Tal vez recuerde a Mauricio Sandoval por cosas como…


La violencia de la impunidad

Como la violencia, la corrupción en El Salvador es omnipresente. Estudios internacionales han señalado que El Salvador es el país más violento que no está en guerra. Juan José Daltón se refirió a este tema en su columna, escribiendo: “… como lo han dicho muchos especialistas en la materia de Derechos Humanos, esta violencia delincuencial y social tiene antecedentes en la impunidad en que quedaron los crímenes que se cometieron en la guerra; además cuenta la fragilidad de nuestro sistema de justicia, que está plagado de corrupción y cruzado por el crimen organizado, tal como lo demuestran abogados narcotraficantes o traficantes de personas; jueces, fiscales y policías sobornables. La lista pudiera ser interminable.”


Con las nuevas ideas invencibles, estas asquerosidades han quedado atrás…


La violencia de la pobreza y las desigualdades

El 15 de octubre 2001, CNN reportó que 50,000 salvadoreños enfrentan hambre, que 1 de cada 5 padece de malnutrición, relación que en las zonas rurales se eleva a 3 de cada 5. Cabe recordar que en julio 2001, las Naciones Unidas publicó su informe sobre desarrollo humano en El Salvador, que señaló que el 50% de la población recibe ingresos inferiores al costo de la canasta básica; que los sismos de este año dejaron más de 225.000 nuevos pobres; que unas 164.000 viviendas quedaron inhabitables; que el 40% de los establecimientos de salud fueron afectados; y que más del 30% de los centros educativos públicos sufrieron graves daños.

El reportaje de CNN resaltó también que El Salvador presenta una de las desigualdades más altas del mundo en la distribución del ingreso: “El 20% más rico de la población percibe, en promedio, ingresos 18 veces más altos que el 20% de los más pobres. En los países de alto desarrollo humano, dicha relación es solamente de cinco veces\’\’.


¡¡Hemos avanzado tanto!!


Fallos Judiciales

Caso Constructoras Corruptas: Las empresas constructoras TERRATRACTO, COVELIRA y TERRYCOLA, fueron acusadas por la Fiscalía General del delito de falsedad ideológica, que pidió una indemnización a favor del Estado por 51 millones de colones. Dichas empresas presuntamente habrían alterado sus estados financieros y los inventarios de su maquinaria para tomar ventaja en licitaciones de reconstrucción de carreteras convocadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). A pesar de que la Fiscalía presentó ante el juez 12o. de Paz, Mario Mira Montes, balances donde se evidenciaban las alteraciones, este consideró que las pruebas eran insuficientes y resolvió, en octubre 2001, el sobreseimiento provisional a favor de los imputados.


Temas no relacionados: Inmovilizan lujosas propiedades de exfuncionario de El Salvador (Munguía Payés)


Además, en relación a los involucrados en facilitar documentación falsa a Posada Carriles, el juez de paz de Tecapán resolvió en abril el sobreseímiento a Rafael Antonio Santos, párroco de esa ciudad, fallecido en junio 2000, y a Raúl Bermúdez Landaverde. El primero le extendió una fe de bautismo a Posada Carriles y el segundo le sirvió de testigo para que pudiera obtener fraudulentamente otros documentos de identidad personal salvadoreños.

Caso Títulos Falsos: En noviembre 2001 se produjo la primera derrota judicial para la Fiscalía en estos casos. El juez Primero de Instrucción, Levis Italmir Orellana, declaró inadmisible la acusación contra el juez de Paz de Suchitoto, Carlos Héctor Tobar Campos, y envió su caso al archivo. También el mismo juez resolvió el sobreseimiento provisional a favor del juez de Paz de Arcatao, José Luis Osorio Núñez, porque según él, la Fiscalía no sometió a peritajes la documentación presentada como prueba por lo que no se pudo establecer si efectivamente era falsa.

A fines de noviembre 2001 la Cámara Primero de lo Penal cambió de definitiva a provisional la exoneración de Manuel Chacón, uno de los señalados de tener títulos irregulares. Este abogado había sido sobreseído definitivamente por el Juzgado Primero de Paz, pero con la nueva resolución judicial la Fiscalía cuenta con un año adicional para recopilar más evidencias. Chacón es reconocido por actuar como defensor en casos controversiales, como el del Tnte. Rafael Coreas (acusado de robar un camión blindado), la matanza de “Valle Nuevo” y ahora con los implicados en el caso BFA-El Carmen. En diciembre el juez Orellana suspendió la audiencia preliminar contra Chacón quien ya había sido exonerado en forma definitiva anteriormente por otro tribunal. La Fiscalía apeló y la Cámara Primera de lo Penal resolvió cambiar el sobreseimiento de definitivo a provisional por el delito de uso de documentos falsos, con lo cual el caso volvió a primera instancia. El juez argumentó no haber recibido aún la resolución de la Cámara, suspendiendo en consecuencia la audiencia contra Chacón.

Iniciativa ciudadana por la transparencia electoral

En enero 2001, el Movimiento Independiente Pro Reformas Electorales (MIRE), que busca lograr mayor transparencia en el sistema electoral, propuso reducir el número de diputados de 84 a 37 y dividir los 262 municipios en distritos a los cuales corresponderían las candidaturas con personas residentes en sus comunidades para lograr una mejor representación. Asimismo, han propuesto que se permitan las candidaturas independientes, es decir, sin partido político. Uno de sus miembros, Oscar Valdéz, dijo que mientras “nos gobiernan las cúpulas de los partidos, y los diputados se comportan como cualquier pistolero o borracho”.


CSJ: Ahorrando los fondos públicos

En julio 2001 la Corte Suprema de Justicia anunció que, durante el primer año de gestión de su titular, Agustín García Calderón, se habían ahorrado cinco millones de colones. El ahorro se produjo, entre otros rubros, al reducir las llamadas telefónicas al exterior y la suspensión de los viajes en primera clase de los magistrados cuando salen al exterior. García Calderón mencionó que con estos ahorros y economías de salarios comprarán computadoras para todos los tribunales.

Cabe mencionar que El Diario de Hoy, a través de un extenso reportaje en octubre 2001 expuso a los hallazgos de una auditoría realizada al Almacén Central del Órgano Judicial. En el informe correspondiente se señaló que la CSJ gastó 57 mil cuatrocientos cincuenta y cuatro colones, entre el 1ro. de enero y 30 de abril de este año, en bebidas alcohólicas y en comidas rápidas, de los cuales más de 28 mil colones fueron para la compra de vinos y licores. La Corte de Cuentas recomendó a los magistrados de la CSJ “abstenerse de requerir esta clase de compras que no contribuyen a los fines institucionales”. El Diario de Hoy también reportó que en bebidas embriagantes la CSJ gasto durante 1999, 28 mil 960 colones y en el 2001, 94 mil 557 colones.


Siguiendo a los vehículos del Estado

En una acción ejemplar, en ocasión de las vacaciones de Semana Santa, José María Monterrey, ex-director de la Policía Nacional Civil, con el objeto de promover la denuncia ciudadana, ofreció un premio de cinco mil colones a la mejor fotografía de empleados públicos haciendo mal uso de los vehículos nacionales.

Otra iniciativa ciudadana ocurrió el domingo 4 de noviembre cuando fue visto el vehículo nacional placas N 6-111saliendo de la carretera que viene de la playa El Espino y llevando “maletines, envases con agua purificada, hieleras y otros objetos”. Un ciudadano tomó fotografías del vehículo pero no pudo captar el logo de la institución a la que pertenece. El ciudadano avisó a La Prensa Gráfica del acto de corrupción y pidió a las autoridades investigar el caso.

Denunciando a los diputados irresponsables

En junio 2001, el jefe de fracción del partido ARENA, René Figueroa, dio un inusual ejemplo de rendición de cuentas al divulgar públicamente un informe sobre la asistencia de los diputados de su fracción a las reuniones de las comisiones legislativas. Con la salvedad de que algunos tienen conflictos de horarios por pertenecer a más de una comisión, el informe revela que los diputados Juan Duch, Hermes Flores, Gerardo Suvillaga, Milena Calderón de Escalón, Roberto Villatoro, Carlos Borja Letona, Agustín Calderón, Jesús Grande, Roberto d\’Abuisson, Norman Quijano y Mauricio López Parker, entre otros llevan entre 6 y 19 inasistencias en lo que va del año.


Luego recordamos dónde está René Figueroa hoy

Actividades de Probidad

Actividades anticorrupción locales. En octubre 2001 Probidad arrancó su iniciativa “Concientización Anticorrupción Ciudadana”, que resultó en la preparación y difusión de materiales informativos y de desarrollo anticorrupción y su difusión a través de Internet; un panel “Información vrs. Corrupción: Abriendo el acceso a la información pública en El Salvador” y otro “Transparencia e información pública en los municipios”; talleres con funcionarios municipales y líderes de comunidades; encuentros públicos con ciudadanos; además de la exploración de una alianza entre personas y organizaciones para coordinar esfuerzos e impulsar iniciativas efectivas de combate a la corrupción. También junto a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) facilitó los talleres “Control social de la gestión pública y privada”, dirigido a líderes comunales de diferentes zonas del país, y “Transparencia e información en el sistema judicial”, dirigido a periodistas que cubren las fuentes judiciales.

Probidad continuó con su monitoreo de denuncias y hallazgos de corrupción y de iniciativas anticorrupción; su recopilación diaria de artículos sobre la corrupción salvadoreña y en base a ellos, la preparación y difusión de sus resúmenes semanales y la Memoria Anual circulados por email e Internet; recibió denuncias sobre la corrupción y las canalizó a periodistas; y atendió consultas proporcionando información, contactos y recursos sobre la corrupción y la anticorrupción salvadoreña.

Actividades anticorrupción regionales. Probidad siguió con la publicación de las ediciones bimensuales de la Revista Probidad, nominada al premio internacional “Integridad 2000”; con el manejo de su Centro de Monitoreo, Recursos y Asesoría (PAL); y con la administración de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC) que fue uno de 7 finalistas del premio internacional Betinho. También participó en varios encuentros y otras actividades en América Latina y Washington, D.C.

Aquí es donde les recuerdo que el sitio web que estuvo disponible durante taaaaantos años ahora ya no carga “casualmente”.

You tell them, Yuri


Propuestas de legislación

Código de ética legislativa

La Asamblea Legislativa ratificó a inicios de febrero 2001 un préstamo para si misma concedido por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), cuyo monto asciende a 3.5 millones de dólares. El préstamo contempla: la contratación de juristas para la elaboración de proyectos de un código de ética legislativa y un nuevo reglamento interno; una investigación para una ley de partidos políticos; y la implementación de un sistema electrónico de conteo de votos.

El Centro de Estudios Jurídicos en su editorial de 19 febrero, además de cuestionar las injustificadas y elevadas cifras que contempla el préstamo, señaló que:
“No es por medio de la emisión de un código de ética que los diputados van a mejorar su conducta y la imagen que de ellos tiene la ciudadanía y menos ocultar los instintos criminales que afloran bajo los efectos del alcohol.


El proyectado código de ética tampoco les ayudará a ocultar la forma en que “arreglan” los antejuicios, la falta de visión nacional de los problemas del país, la inconsistencia de las posiciones de muchos diputados, que sin explicación racional experimentan cambios radicales, la falta de civismo en las elecciones de segundo grado, y el reparto de las instituciones públicas entre los partidos políticos.”

La Convención Interamericana contra la Corrupción

…Desde el nombramiento en 1999 de José Eduardo Cáceres como jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos no han apoyado su propuesta para reformar la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que data de 1959. Tampoco han mostrado mayor interés por conocer y vigilar el seguimiento – o la ausencia del mismo – dado por la Corte de Cuentas y la Fiscalía General a las denuncias públicas y a los hallazgos de auditorías, ni han prestado atención a los fallos judiciales controversiales que perpetúan la tradición de impunidad.

Aunque la ley de 1995 de la Corte de Cuentas estipula que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de auditar al ente contralor, desde que fue creada en 1939, nunca ha sido auditada.


Desde que la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos fue aprobada en 1998, habían sido menos de 5 procesos judiciales por este delito y en ninguno se ha emitido sentencia.


Sobre este proyecto, además haber pasado más de dos años desde que el entonces candidato presidencial Francisco Flores lo prometiera, hay muchas dudas de que exista la voluntad real para exigir a los funcionarios el cumplimiento de normas éticas y menos aún, de imponer sanciones por su incumplimiento. Para muchos esto quedó demostrado con los casos Lacayo y Merino. En el primero, la prensa expuso como el Ministro de Economía ha favorecido a sus empresas con la exoneración de impuestos de importación. El presidente Flores defendió en todo momento al ministro (MIGUEL) Lacayo y ni siquiera investigó las denuncias contra él. Sobre el segundo, en diciembre se decidió conformar una subcomisión legislativa encargada de preparar un anteproyecto de código de ética parlamentaria, la cual desde su inicio fue desacreditada al anunciar que uno de sus miembros sería el diputado Francisco Merino, involucrado en varios de actos de corrupción y responsable de intento de homicidio tras haber herido de bala a una agente policial el año pasado.

Lo de Merino siendo parte de la comisión me trajo…ciertas cosas a la mente:

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Así se enfrentaron Zamora y Gallegos en la comisión especial que investiga el 9F


(porque en la era post-Trump, seguimos manteniendo peleles como diputados y, peor aún, ahora solo les basta decir alguna estupidez y esperar que la repitan en redes, esperando que -al cansar a la gente racional- su mensaje pegue y sea lo único que se transmita vía JoséYoutubers)

Y, en temas diametralmente opuestos…

Las promesas de Walter Araujo

Walter Araujo comenzó su gestión como presidente de la Asamblea Legislativa en mayo 2001.
Después aceptó que los gastos de viajes eran innecesarios o “superfluos”. También confesó que la asignación de los diputados que viajan al exterior no se decidía por idoneidad, sino a través de cuotas que se le conceden a cada partido político representado en la Asamblea. Entre sus promesas se encuentran regular los viajes de los diputados al extranjero, evitar en estos viajes grupos numerosos de diputados o destinos turísticos, e igualar el salario entre directivos y diputados de la Asamblea. Para demostrar la reducción en los gastos de viaje, Araujo se ha comprometido a rendir un informe público. También ha anunciado que promoverá la incorporación de medidas, en el Reglamento Interno de la Asamblea, para regular los viajes al exterior, como por ejemplo que solo tres diputados puedan asistir a los viajes y que sean los que más conozcan el tema a tratar. Algunos diputados expresaron su inconformidad con los planes del presidente de la Asamblea. Por ejemplo, Elizardo González Lovo, del PCN, declaró que “los viajes son uno de los pocos beneficios extras que tenemos, ¡y hoy Walter nos los quiere quitar! Ese argumento de austeridad no es válido”. Hasta la fecha no se conoce de ninguna gestión de Araujo para regular los viajes al exterior.


Araujo poniéndose en acción para evitar viajes superfluos e innecesarios:


¡Quiero que mis impuestos (aumentados en el 2021) paguen su salario y sus viáticos de nuevo! ¡Lo quiero ya!


En mayo 2001 Araujo anunció que donaría 4 mil 870 colones de su sueldo mensual a la Fundación “Techo para un Hermano”. Con esto él desechó el compromiso público que asumió al tomar posesión de su cargo, de igualar su salario con el que devengan el resto de diputados, es decir, reducirlo en unos 15 mil colones.


También Araujo prometió, al igual que lo hizo su antecesor, el pecenista Ciro Cruz Zepeda, darle prioridad a la auditoría que anualmente la Asamblea Legislativa debe realizarle a la Corte de Cuentas. La ley de 1995 de la Corte de Cuentas estipula que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de auditar al ente contralor. Sin embargo, desde su creación en 1939, la Corte de Cuentas nunca ha sido fiscalizada.

Además, Araujo se comprometió a dar más “apertura a los medios de comunicación para construir una gestión transparente, porque este estilo, sumado a la apertura ciudadana debe constituir el mecanismo que facilite la contraloría social por parte de la ciudadanía.”


Este hombre dando apertura a los medios de comunicación y permitiendo la contraloría ciudadana.
¿Este hombre?


¿Quién no querría a esta joyita de nuevo en la Asamblea Legislativa?

Sigamos…

Rendición de cuentas sobre la asistencia humanitaria


Por ejemplo, la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL), formada por el Presidente de la República, dijo que contrataría a dos empresas de auditoría para controlar las donaciones: Peat Marwick se encargaría de los bienes y Pricewaterhouse de los fondos. El Vice Presidente mencionó durante una entrevista en California que la Corte de Cuentas y una firma de auditoría estuvieron a cargo de la fiscalización de la asistencia humanitaria y que el gobierno ha habilitado un sitio en Internet para dar cuenta de cómo se manejó la asistencia humanitaria recibida. Entre otros, en marzo, durante la reunión del Grupo Consultivo de Donantes, en Madrid, el secretario técnico de la Presidencia, Juan José Daboud, anunció la creación de una contraloría social para asegurar el buen uso de las donaciones y entre los principios para fiscalizar la ayuda, Daboud anunció “libertades para que los periodistas fiscalicen, si lo desean, los planes de reconstrucción”.

Aparentemente, estas promesas nunca se concretizaron ya que hasta la fecha no se ha visto informes completos sobre quienes fueron los receptores de fondos, recursos y servicios y cómo los ocuparon.




Índice de Transparencia Internacional

Según el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI) y revelado en junio 2001, El Salvador ocupa este año el lugar 55 entre los 91 países analizados, lo que significa una caída de once posiciones en relación al índice del año pasado (44).
(…)
Muchos critican el Índice porque es elaborado a partir de encuestas entre empresarios y analistas económicos o políticos – que muchas veces no son del país respectivo -, y por lo tanto no mide la percepción general de los ciudadanos. Además no considera otras formas de corrupción distintas al soborno que se dan en los países latinoamericanos, como: el uso vehículos, infraestructura y materiales propiedad del Estado para uso personal o partidista; la falta de controles e información y la apropiación indebida de la asistencia humanitaria; la censura publicitaria contra los medios que exponen la corrupción gubernamental; el tráfico de influencias en las licitaciones y en el manejo de delitos y faltas; adjudicaciones a empresas cuyas juntas incluyen personas con antecedentes ilícitos; sobrepagos e incumplimientos de contratos en las obras públicas; y entre otras, el nepotismo en el empleo. Tampoco estas encuestas consideran la falta sistemática de seguimiento que deben dar los entes fiscalizadores a las denuncias y hallazgos de corrupción, ni las alarmantes incidencias de la impunidad.
(…)
Lamentablemente en El Salvador la presentación de Indice pasó desapercibida, constituyéndose en el único país de Latinoamérica donde los medios de comunicación no le prestaron atención por la excepción de la publicación de dos opiniones, uno por Ricardo Córdova de la Fundación UNGO y otro por Probidad.

Y ahora…

Libertad de expresión

El respeto y libre ejercicio de la libertad de expresión es una condición fundamental para facilitar el acceso a la información pública, proteger el periodismo investigativo y promover la denuncia pública y el debate crítico sobre los casos y actores de la corrupción. Sin embargo, en países como El Salvador, cuando los periodistas y medios de comunicación ejercen su papel fiscalizador muchas veces reciben a cambio amenazas o agresiones que buscan intimidarlos y socavar su labor.

Bloqueo a la información pública

El Presidente de la República, Francisco Flores, ratificó el 24 de agosto 2000 la Declaración de Chapultepec, la que en 1994 había sido suscrita por su antecesor, Armando Calderón Sol. La Declaración de Chapultepec es una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y entre sus principios, el número 3 establece que “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”.

¡Qué difícil la labor periodística a inicios del milenio! En el 2020:

https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24815/El-Faro-presenta-amparo-Constitucional-contra-Hacienda-por-solicitud-de-datos-no-tributarios.htm


Hubo numerosas críticas por parte de la prensa sobre el poco acceso a la información, entre ellas:

ENERO
En un reportaje del 11 enero titulado “Funcionarios tratan de imponer agenda a medios informativos”, El Diario de Hoy denunció la actitud de algunos funcionarios, entre ellos el Fiscal General, Belisario Artiga, y la Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, Gladis de Borjas, quienes “evaden a los periodistas cuando no desean dar explicaciones sobre algún tema de interés público”. Según El Diario de Hoy, funcionarios como estos “no se acostumbran a sus obligaciones de rendir cuentas a la sociedad que le paga con sus impuestos”, y en el caso del Fiscal el referido medio señaló que a él “no le interesa hablar con los periodistas sobre otros temas que no son de su agrado, como el caso de Merino, Orlando Arévalo, su prima, las escuchas telefónicas y otros”.

Entre el 14 al 20 de enero, la semana siguiente al primer terremoto, algunos medios de comunicación reportaron casos de censura sobre:

las cuestionables cifras de muertos y daños;

los nexos por la irresponsabilidad de los constructores de viviendas – quienes pertenecen a la élite económica salvadoreña y son afines al partido gobernante – y del gobierno – que no ha regulado sus prácticas de construir en zonas peligrosas o en otras que deben ser protegidas, ya que El Salvador es el país latinoamericano donde el medio ambiente ha sufrido la mayor tala de árboles; y

el pobre récord del uso de la ayuda a los damnificados del terremoto de octubre 1986 y del huracán Mitch por el gobierno y el COEN, y los malos manejos por los terremotos de este año.

And me!


El 18 de enero, Noticiero ” Hechos” de TVDoce se presentó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para demandar a la Secretaría de Información de la Presidencia por “el atropello y la clara violación a nuestro derecho de acceso a la información”, un acción que había ocurrido un día antes cuando una representante de la referida Secretaría, Fermina Cárdenas, interrumpió a la periodista Milagro Vallecillos cuando esta quería hacer preguntas sobre el manejo de la asistencia humanitaria por la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL).


Afortunadamente, esos eventos nos dieron una lección como nación pensante y crít…


JULIO

El periodista Juan José Daltón, denunció en su columna de La Prensa Gráfica al Coordinador general del FMLN, Fabio Castillo, por haber actuado con despotismo y rehusar ofrecer información pedida durante una conferencia de prensa.

En su columna de El Diario de Hoy, Marvin Galeas, cuestionó al alcalde de San Salvador, Héctor Silva (FMLN) por su actitud en el programa de televisión Frente a Frente donde “comenzó retando al entrevistador y cuestionando palabra por palabra sus preguntas. Esa entrada de fajador provocó que toda la entrevista transcurriera en un ambiente tenso, poco propicio para la libre fluidez de las ideas”. Galeas reflexionó que: “… Algunos políticos viven aferrados a la obtusa idea de que son los medios de comunicación y los periodistas los que nos inventamos los problemas y desmadres internos que sufren los partidos… Hay una tercera y preocupante arista en este tema: la natural fobia de los intolerantes (de izquierda y derecha) a la prensa libre. Esa fobia explica el deseo de controlar a los medios”.


OCTUBRE

El informe del fiscal especial Roberto Vidales, sobre los abogados cuestionados por títulos falsos, fue filtrado a los medios de comunicación la última semana de agosto. En octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó a la Fiscalía General de la República por inhibir el libre flujo de la información. Esto a raíz de declaraciones del Fiscal General, cuando anunció que investigaría quien era el responsable de filtrar a la prensa el informe de los títulos falsos.

La Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa realizó un foro donde se discutió la posibilidad de crear una ley para regular el contenido de los medios de comunicación, de cara a controlar los programas de violencia y fomentar los valores morales. Los asistentes al foro, que eran profesores universitarios y representes de APES, se pronunciaron en favor de una autoregulación o bien de un mecanismo de control con participación del gobierno, los medios y organizaciones de la sociedad civil.

La Prensa Gráfica denunció en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada entre el 12-16 de octubre, “dificultades que sus periodistas confrontan en oficinas públicas para acceder a la información en la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia”. En el informe del evento se mencionó que: “En la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones de las diferentes salas del máximo tribunal son manipuladas por el jefe de comunicaciones, quien reparte a discreción las resoluciones a los medios de su conveniencia y ha expresado abiertamente su enojo con La Prensa Gráfica por lo que considera un \’mal trato\’ a los magistrados de la Corte. Se refiere a críticas y reportajes que plantean deficiencias en la administración de justicia”.

Fraude informativo: Caso del Secretario de Comunicaciones de la Presidencia

En mayo La Prensa Gráfica, en su suplemento de periodismo investigativo “Enfoques”, mostró cómo la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia llevó a cabo un fraude informativo junto a la mayoría de ministros del gobierno del presidente Flores. El fraude se cometió al contestar un cuestionario de 10 preguntas que La Prensa Gráfica había enviado a cada ministro para evaluar su trabajo y los logros del gobierno. Las sospechas del fraude surgieron cuando, al recibir contestadas las encuestas, las respuestas eran parecidas.

Carlos Perla, Presidente de ANDA, Juan Antonio Martínez Varela, ministro de Defensa, y Ana María Majano, ministra de Medio Ambiente, negaron que haya habido algún lineamiento o acuerdo entre los ministros para contestar en forma similar el cuestionario. Sobre las coincidencias, el ministro de Trabajo, Jorge Nieto, declaró que: “yo creo que eso responde a la unidad de criterio que se maneja en este equipo [de gobierno]”.

JUEGO DE RELAJACIÓN “Adivine cuál no es igual a las otras”:



Finalmente, La Prensa Gráfica estableció que los ministros contestaron basándose en indicaciones del Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Carlos Rosales, quien les envió el referido cuestionario ya contestado, con tres opciones posibles por cada pregunta y con el agravante – según La Prensa Gráfica – de que “todas [las respuestas] son evasivas y ambiguas”.




La manipulación por parte del Secretario de Comunicaciones de la información que debían ofrecer los ministros y las declaraciones evidentemente falsas de algunos de estos, quienes negaron haber recibido lineamientos o la existencia de otro tipo de acuerdo para responder en forma similar, en otros países es considerado una falta grave y los responsables al menos están obligados a pedir disculpas públicas por su conducta. Sin embargo, en este caso, ninguno de los implicados mostró vergüenza por su falta y el presidente Flores ignoró lo acontecido.


¿Qué clase de gente contrataban para la secretaría de comunicacio…


Las agresiones contra TVDoce


Entre los medios que dio amplia cobertura a estos temas fueron el canal 33 de la Universidad Tecnológica y el TVDoce. El último, que opera desde 1985, cuenta con espacios noticieros y de opinión que se han caracterizado por su apertura e independencia. Antes de la finalización del conflicto armado dio muestras de cómo los medios de comunicación debían negarse y resistir la censura y control oficial. Notables fueron los espacios que abrió entre 1994-1996 donde se denunciaron casos de corrupción, se respaldó a las nacientes iniciativas ciudadanas anticorrupción y se abordaron muy ampliamente estrategias y reformas para enfrentar la corrupción. Y durante 2001, con ocasión de los terremotos, se destacó al ofrecer espacios a los ciudadanos donde se podían hacer denuncias y quejas sobre la distribución de la asistencia humanitaria, los reportes de daños, la responsabilidad de los constructores y la politización de la tragedia, entre otros aspectos relevantes.

TVDoce ha sufrido represalias de sus anunciantes por sus reportajes sobre la corrupción (1994-1996) y sobre los terremotos y el uso de la asistencia humanitaria. El ahogamiento del que es víctima TVDoce muestra una tendencia de grupos empresariales y del gobierno a restringir la libertad de expresión.


Ataques de otros medios

En enero 2001 El Diario de Hoy acusó a TVDoce de convertirse en “cómplices de una conjura para impedir que se socorra a El Salvador”. Además, basándose en un video de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno en el que se observa un vehículo de ese canal transportando a damnificados, El Diario de Hoy señaló a TVDoce de estar montando reportajes: “los reporteros del Canal recogen en sus vehículos a mujeres y niños de villas marginales en la periferia de San Salvador, las llevan al recinto de la Feria y allí arman las patéticas escenas.”

Por más de un mes el matutino atacaba en sus editoriales a TVDoce por sus reportajes críticos del manejo de la asistencia humanitaria. Unos canales televisivos y cadenas radiales oficialistas también participaron en la campaña de desprestigio contra el canal. Por ejemplo, un grupo radial perteneciente a la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) transmitió un comunicado que exhortaba a la población a hacer caso omiso a las declaraciones de Mauricio Funes, director de noticias de TVDoce, donde incluso lo tildaban de tener intenciones \’diabólicas\’.



Las vueltas que da la vida. Hoy El Diario de Hoy no recibe pauta del gobierno por haber puesto en portada que Bukele no dejó entrar a Factum y a El Faro a su conferencia; mierntras que, para las preguntas de canal 12, el prezi ya les tiene preparados videos para responder:


Ataques del gobierno

El día del segundo terremoto, 13 de febrero, el Presidente de la República, Francisco Flores, atacó a TVDoce expresando que: “Hemos visto como el Canal 12 desde el inicio del terremoto del 13 de Enero se dedicó a desprestigiar al país diciendo que no íbamos a utilizar bien la ayuda. A raíz de eso se sembró una duda sobre el país entero, y al sembrar una duda sobre el país entero, hubieron niños que no recibieron ayuda, personas que no recibieron atención médica por haber creado esto que detuvo la ayuda”.

El cinismo de Paco.


Recordemos también:


Ahogamiento publicitario

No solamente hubo ataques verbales del gobierno, sino también la suspensión de las pautas de publicidad oficial en TVDoce. En mayo El Faro monitoreó por una semana el noticiero Hechos de TVDoce, el segundo más visto en El Salvador, y constató que ningún anuncio del gobierno fue pautado en ese espacio.

Además del gobierno, importantes grupos empresariales también suspendieron sus pautas publicitarias en TVDoce. Según fuentes del periódico digital “El Faro”, las empresas Embotelladora Salvadoreña, Kellogg\’s y Colgate, entre otras, retiraron la publicidad del canal.



Recuerde que con su bolsillo puede premiar o afectar a estas y otras compañías de mierda.

Otras agresiones

Entre otras agresiones registradas durante 2001 se encuentran:

MARZO
Caso Merino. Francisco Merino es ex-vicepresidente de la República (1989-1994), ex-presidente de la Corte de Cuentas (1998-1999) y actualmente diputado y jefe de fracción por el derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN). Con el apoyo del PCN y el partido gobernante, logró en 2000 mantener su fuero constitucional y escapar acusaciones de homicidio imperfecto, lesiones graves y daños agravados.

El 6 de marzo 2001, Merino denunció ante la Fiscalía General de la República por el delito de calumnia a los periodistas Mauricio Bolaños, Gregorio Morán, José Zometa y Alfredo Hernández, de La Prensa Gráfica, y a Camila Calles, de diario El Mundo. Estos periodistas reportaron sobre las amenazas que Merino habría hecho en contra la jueza Ana Marina Guzmán, a través de una llamada telefónica. La jueza Guzmán ventilaba el proceso judicial en contra de los miembros del concejo municipal de San Luis Talpa por la compra-venta ilícita de terrenos, en la que está implicado Merino.

En abril 2001 el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador archivó la demanda y se negó a resolver la petición de la Fiscalía, de declarar el sobreseimiento definitivo de los periodistas, argumentando que el diputado Merino debió haber hecho la demanda a través de un abogado particular y no por la Fiscalía. De esa forma, el tribunal dejo abierta la posibilidad para que Merino presente nuevamente la demanda contra los periodistas.

ABRIL
El 23 de abril, José Gregorio Ascencio, magistrado suplente de la Cámara Segunda de Usulután, chocó su vehículo contra un microbús. En lugar de responder por el accidente se dio a la fuga, hasta que el motorista del microbús lo alcanzó y juntos protagonizaron un escándalo en la vía pública. Los agentes de seguridad del magistrado amenazaron con disparar contra el cobrador y el motorista del microbús. El chofer por su parte desenfundó un machete que le costó la detención. El magistrado también agredió a periodistas que llegaron a dar cobertura al hecho.

René Hurtado, jefe de comunicaciones en la Corte de Cuentas, de quien son reconocidos sus vínculos estrechos con dirigentes del PCN, atacó en su columna del diario Co-Latino del 26 de abril a los periodistas Alfredo Hernández y Gregorio Morán, de La Prensa Gráfica, a quienes acusó de reportar noticias falsas. Estos periodistas de La Prensa Gráfica han participado en las investigaciones periodísticas sobre las irregularidades en el BFA, FIGAPE y FEDEFUT y de las auditorias correspondientes, así como los conflictos de intereses entre los funcionarios de la Corte de Cuentas y los responsables en este caso, todos vinculados con el PCN.

MAYO
El 5 de mayo, la jueza Décimo Primero de Paz, Paula Patricia Velásquez, que ventiló el proceso contra los ex-directivos de la FEDEFUT, reprendió públicamente al periodista Jaime García de El Diario de Hoy, y lo acusó de irresponsable. García publicó una nota sobre la audiencia inicial en el caso de la FEDEFUT donde comparaba la actuación de los fiscales, abogados, acusados y la jueza, con una escena de teatro, donde en los recesos conversaban amistosamente, pero al volver a la audiencia asumían cada uno su papel.

JUNIO
Se conoce que existían tensiones entre el periodista Elder Gómez y su medio, El Diario de Hoy. Gómez fue despido en junio después de la publicación de uno de sus reportajes involucrando al ex presidente Alfredo Cristiani en un escándalo de corrupción, el “caso del abono y el BFA”.

En su reportaje del 16 de junio, “México y C.A. firman Plan Puebla-Panamá”, sobre la reunión de los presidentes de Centroamérica y México, La Prensa Gráfica reportó que su fotoperiodista Mauricio Martínez fue agredido por la espalda por Eduardo Cañas, miembro de Protocolo de Casa Presidencial, “quien le gritaba que se fuera. Cañas dañó parte del equipo digital y le invitó a salir a la calle para \’arreglarse\’, sin previa provocación por parte del fotoperiodista”.

JULIO
El 31 de julio, el “día de periodista” en El Salvador, el Editor del periódico Más, Alvaro Cruz Rojas, denunció a la Asociación de Periodistas (APES) durante el programa ” Frente a Frente”, de la Telecorporación Salvadoreña, diciendo: “Si uno ve los comunicados de la Asociación de Periodistas de El Salvador … están siempre cargados hacia la izquierda, siempre van en esa línea… como que si el objetivo de la APES fuera una permanente pugna con los dueños de medios de comunicación, dándole un sentido más sindical, que un digamos, Colegio de Periodistas, porque aquí no existe, pero debería existir.”

SEPTIEMBRE
La Prensa Gráfica reportó el 14 de septiembre, en su artículo “Ordenan instrucción contra juez” que, en ocasión de la audiencia en contra del juez de paz de Aguilares, Edgar Amílcar Sánchez Turcios (uno de los abogados implicados en el caso de los títulos fraudulentos), tres sujetos – presuntos familiares del juez – atacaron a un camarógrafo de Cuatro Visión y a un fotoperiodista de La Prensa Gráfica cuando captaban imágenes del imputado.


Otros recuerdos llegan a mí:


NOVIEMBRE
Durante la celebración del carnaval de dicha ciudad, dos mujeres periodistas de El Diario de Hoy llegaron a dar cobertura a un incidente entre la policía y jóvenes que estaban causando escándalos. Al percatarse de la presencia de la prensa, además de agredirlas verbalmente, uno de los agentes policiales golpeó con su bastón en la boca a una de las periodistas y otro trató de quitarle el equipo fotográfico a la otra periodista, provocando el velo de varios rollos. Luego las periodistas fueron perseguidas por cerca de diez agentes de la UMO hasta la sede del medio de comunicación para el que ellas trabajan.

DICIEMBRE
La periodista Claudia Zavala, de El Diario de Hoy, realizó un investigación y reportajes sobre negligencia, mal manejo de fondos y otras irregularidades en el Parque Zoológico Nacional. El 18 de diciembre, cuando acompañaba a otra periodista del mismo medio, la oficina de comunicaciones de CONCULTURA le negó participar en una entrevista con las autoridades responsables del parque y la acusó de realizar la investigación “con dolo”.

Iniciativas legislativas para socavar el papel fiscalizador de los medios

El diputado Hernán Contreras (PCN), recomendó en enero 2001 que sea revisada la Ley de Imprenta que exonera a los periódicos de pagar impuestos por la importación de papel. El diputado Jorge Villacorta (CDU) estuvo de acuerdo y expresó: “…(los periódicos) son \’business\’ como cualquier otro \’business\’ y por tanto tienen que pagar…” En respuesta, El Diario de Hoy señaló en un editorial que:

“Los periódicos son, efectivamente, negocios como otros, pero a diferencia de fabricar camisas o vender repuestos, participan además de una dimensión superior, que les concede su propia y única calidad y razón de ser… El hecho de transmitir información esencial a un conglomerado, convierte a los periódicos en un elemento vital de la vida económica, política, cultural e intelectual de las sociedades…. La Ley de Imprenta, tan antigua como la existencia del automóvil en el mundo, fue decretada para salvaguardar a los periódicos, y por extensión al sistema democrático, de las amenazas, coacciones, venganzas y atropellos de parte de gobiernos y de politicastros como el grupo de Villacorta.”


¿Cada cuánto hacen esta propuesta súper innovadora que no llega a nada?


Las omisiones y conflictos de la prensa salvadoreña


En mayo 2001, un artículo del New York Times titulado “Los medios monocromáticos de América Latina” señaló que “en El Salvador, un propietario controla los canales que tienen el 90 por ciento del mercado televisivo, y los únicos periódicos con circulación hablan en pos de la diminuta clase alta de ese país”. Este tema también fue abordado en un ensayo de octubre 2001, “Periodismo de investigación en El Salvador, por las presiones y los temores”, escrito por Mario Alfredo Cantarero, investigador y profesor de la Universidad “Dr. José Matías Delgado”:

“… en nuestro país todavía privan las estructuras de poder de manera directa, en el tejido del sistema de “compadrazgos”, sobre el compromiso de servir a la población con noticias rigurosas.



En el 2021, el New York Times para afuera!



¿Ya les aburrí?


Ya me falta solo un poquito…

Casinos

En junio, en la Asamblea Legislativa fue emitido un dictamen para aprobar una ley que regularía los casinos, a través de la cual sería el Ministerio de Gobernación el que se encargaría de otorgar los permisos para el funcionamiento de estos negocios. El dictamen fue preparado por Francisco Merino (PCN), uno de los diputados más cuestionados en la presente legislatura, a espaldas -según denunciaron algunos diputados- de los miembros de la comisión que estudia este proyecto de ley. Por su parte, ese mismo mes, El Diario de Hoy denunció algunas modificaciones que la fracción del PDC intentaba introducir en la referida ley en beneficio de los propietarios de casinos, como el omitir el requisito de buena reputación y la legalización automática de los casinos que operan actualmente. Las anomalías en relación a este nueva ley, protagonizadas por Francisco Merino y el PDC, despertaron sospechas sobre la influencia, como el pago de sobornos, que podrían haber ejercido los propietarios de los casinos para lograr una ley que favoreciera sus intereses. El proyecto de ley aún sigue en estudio.

A fines de octubre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la decisión tomada por la Alcaldía de San Salvador en agosto 2000, cuando ordenó el cierre de los casinos Bingo de París, Izalco\’s Video y Tropicana. La resolución de la CSJ fue con base en un recurso interpuesto por los representantes de dichos casinos, donde solicitaban declarar improcedente la decisión de la Alcaldía.

En diciembre, la Policía Nacional Civil (PNC), basándose en la resolución de la CSJ, procedió al cierre de los casinos Tropicana y Bingo de País. En el Tropicana, uno de los clientes que se mantenía en el lugar al momento del operativo policial de cierre fue encontrado en posesión de drogas. Edward McMurphy, presidente de Crown Group, la corporación propietaria de del casino Colonial, advirtió que han iniciado gestiones ante el Congreso de los Estados Unidos para proteger sus inversiones en el país.


Historias no contadas en el país: Las maquilas

Hay temas a los que los medios de comunicación locales no prestan atención, tal es el caso de las inhumanas condiciones laborales que sufren miles de obreras en las maquilas de ropa, bajo la complicidad y encubrimiento de las autoridades gubernamentales.

En mayo, los prestigiosos diarios New York Times y El Miami Herald publicaron reportajes en los que retoman las denuncias de un grupo de legisladores y dirigentes obreros norteamericanos sobre las maquilas en El Salvador. Las denuncias, que incluyen la exigencia de pruebas de embarazo, jornadas de 11 horas de trabajo, salarios excesivamente bajos y temperaturas entre 32 y 37 grados que deben soportar las obreras en las instalaciones maquileras, entre otras, las hicieron en base a un informe del gobierno salvadoreño, realizado con el financiamiento de AID. Dicho informe nunca fue hecho público en el país y, según los denunciantes, fue retirado por el gobierno un día después de su presentación.




Eso es todo.
Como sé que esta recopilación les ha ayudado a desconfiar de TODO el mundo, les dejo aquí el documento completo porque ya se deshicieron del sitio original y ustedes necesitan ver lo que no incluí en este post, para que me saquen de la asamblea en el 2021:


Y ya.


“Soy el pequeño Edgar”

¿Está de acuerdo o quiere mandarme a la chonguenga?

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