Corrupción histórica de El Salvador (pt.2). Spoilers – Incluye reportes de los terremotos

IR A LA PARTE UNO

Como la vez pasada el post terminó haciéndose demasiado largo, tuve que dividir este lindo material del pasado recopilado por Probidad en el año 2001.

Este pedazo finalmente incluye lo escrito recién lanzados los reportes sobre cómo se usó la ayuda internacional después de los terremotos del 2001. Algo que quizá sea importante para no andar defendiendo gente a capa y espada cuando…
¿Ya qué digo?
No tengo mi canal de YouTube y, como esto requiere lectura comprensiva, no le va a llegar a nadie que no sepa ya esto.


Siguiendo con el tema de los fertilizantes…

tal vez le interese…


Siempre relacionado a estos hechos, se conoció que UNIFERSA le vendió al Ministerio de Agricultura y Ganadería 30 mil sacos de sulfato de amonio.

En julio 2001 se reportó que el Ministro de Agricultura (MAG), Salvador Urrutia, solicitó el 19 de enero que se le adjudicara 30 mil sacos del abono donado por Japón, que serían repartidos a unos 27 mil pequeños agricultores. Once días después, el 30 de enero 2001 el vicecanciller de la República le respondió que todo el fertilizante ya había sido comercializado a través de Bolsa de Productos Agropecuarios de El Salvador (BOLPROES). Según los registros fue precisamente entre el 19 y 29 de enero de este año en que BOLPROES comercializó la mayor parte del abono, es decir, el mismo período que dilató la respuesta a Urrutia. Luego el MAG compró el fertilizante que necesitaba (27 mil 209 sacos) a UNIFERSA, habiendo pagado en exceso de más de dos millones de colones, con relación a los precios de BOLPROES.

Ante el temor que este fertilizante sea del mismo donado por el gobierno de Japón, el titular de ese ministerio, Salvador Urrutia, declaró haber solicitado a UNIFERSA certificar el origen del producto entregado. No se sabe cuál fue el resultado de esta gestión.



Debe ser bonito poder hacer chanchullos en ese Ministerio con tanta facilidad. Siguen más joyas:

La cooperativa Cuzcachapa

Esta cooperativa es otra de las implicadas en la compra irregular del abono, y es investigada por presunto fraude por parte de la Fiscalía. El vicepresidente de la misma es el diputado y ex-presidente de la Asamblea Legislativa Juan Duch (ARENA).

La cooperativa adquirió 40 mil sacos de fertilizantes en BOLPROES, presentando mandatos suscritos por el presidente y un notario, con los cuales efectuaron la compra en nombre de sus asociados. Sin embargo, algunos de estos han declarado que no se adhirieron como compradores y que no han recibido ningún saco de abono. Otros, aparecen en tales mandatos con 400 sacos, cantidad máxima por agricultor que estableció vender el gobierno, pero sus pedidos reales fueron por cantidades menores. Según las evidencias algunos asociados se habrían quedado hasta con 10 mil sacos. Además, dos de los beneficiarios de estas cantidades son comerciantes de fertilizantes, ampliamente conocidos en la zona occidental del país.
También, la Cooperativa poseía más de 3 mil sacos de fertilizante sin comprobante de compra-venta, por cuya posesión sus directivos podrían ser acusados del delito de receptación.


¿Con estos ejemplos cómo esperaban otra cosa de Juan Ramón Duch?


Otro beneficiario ilícito del donativo

Una persona de nombre Daniel Rivera, en representación de la Asociación Salvadoreña de Productores Agropecuarios (ASPAU), adquirió 18 mil sacos del fertilizante donado por Japón. Luego Rivera vendió una parte del fertilizante – 12 mil sacos- al agroservicio “Los Tocayos”, ubicado en San Juan Opico.

Más recientemente, por investigaciones periodísticas se confirmó que ASPAU es una asociación que legalmente no existe, y que el teléfono y dirección de contacto que Rivera hizo constar en los documentos de compra-venta del fertilizante tampoco son de ASPAU. Otra irregularidad es que Rivera retiró el producto de las bodegas del BFA el 6 de febrero, pero el pago lo efectuó hasta 19 días después.


Antes de que se conocieran las irregularidades sobre UNIFERSA y las dos cooperativas mencionadas antes, el BFA comenzó a publicar en los diarios una “advertencia” para que los que hubieran comprado irregularmente el fertilizante lo devolvieran y se dispensarían las acciones legales contra ellos. El Diario de Hoy reportó que fue el presidente de la República, Francisco Flores, el que pidió a las autoridades del BFA hacer este anuncio. A inicios de junio 2001, después de escuchar la opinión del Fiscal General, Belisario Artiga, la Asamblea Legislativa recomendó al BFA desistir en su decisión de aceptar la devolución del fertilizante, porque con ello se estarían entorpeciendo las investigaciones.

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Quijano-sobre-fondos-desviados-Ese-dinero-era-la-forma-como-Taiwan-compraba-ese-voto-alla-en-las-Naciones-Unidas-20200916-0041.html



Durante el período en que se mantuvo almacenado el abono japonés en la bodega del BFA, hubo tres responsables de la misma. Según reportes al menos uno de ellos presentó problemas de conducta por su adicción al alcohol, y aunque fue despedido en febrero 2001 se sabe que las autoridades del BFA durante varios meses le dispensaron sus faltas.

(…)
En agosto 2001 la comisión especial legislativa, encargada de investigar las irregularidades en torno al robo y venta fraudulenta del fertilizante donado, hizo público su informe, en el cuál concluyó, entre otras cosas, que es “claro, evidente y público, que el producto donado por el gobierno del Japón ha llegado a favorecer a intermediarios, personas o a terceros como grandes distribuidores y agroservicios”. También reclamó a la Fiscalía por no haber dado la suficiente importancia a la investigación sobre la venta irregular del fertilizante.

FINSEPRO/INSEPRO

El fraude

El mayor fraude financiero conocido en la historia de El Salvador fue hecho público en junio de 1997. El monto de la estafa ascendió a más de 145 millones de dólares. Involucró a miembros de prominentes familias salvadoreñas afiliadas con el partido gobernante y afectó a 6,000 personas e instituciones que depositaron sus fondos en la Financiera de Seguros Productivos (FINSEPRO) e Inversiones Seguras Productivas (INSEPRO).

El desenlace penal

Después de cuatro años de investigaciones, el 7 de junio 2001 los principales implicados en el caso, Roberto Mathies Hill y Mario Galdámez, fueron declarados inocentes de cargos penales por un tribunal de conciencia que ignoró las evidencias presentadas por la Fiscalía y el hecho aún más contundente, los mil trescientos millones de colones que hasta la fecha continúan desaparecidos. A raíz de este falló Mathies Hill recobró su libertad el mismo día.

En octubre 2001, Galdaméz fue condenado por otras estafas a 19 años de prisión y a pagar otro millón y medio de dólares a los afectados. Además, Roberto Annicchiarico, de los involucrados en este caso, fue condenado a tres años de cárcel y el pago de 50 mil dólares. Tanto Galdaméz como Annicchiarico resultarán beneficiados de las leyes penales, que establecen reducciones en las penas en proporción al tiempo en que los imputados hayan permanecido en prisión sin recibir condena.


Las sombras de la investigación

Aunque el caso por la vía penal quedó cerrado, en la opinión pública se mantienen muchas dudas sobre el proceso judicial, las diligencias de la Fiscalía y la voluntad del gobierno para esclarecer el caso y reparar el daño. Desde un inicio la investigación estuvo marcada por vicios, el más grave fue quizás el atraso intencional en la decisión de intervenir las financieras, cuya responsabilidad recae en el anterior presidente, Armando Calderón Sol. Como escribió el editorialista de La Prensa Gráfica en junio:

“… fue la falta de controles responsables por parte de las instituciones encargadas del control de las actividades financieras, que dio lugar a que se desarrollaran distorsiones tan graves como las que se dieron en varios casos seguidos y escandalosos: CREDICLUB, FINSEPRO-INSEPRO, CREDISA. Cuando las irregularidades comenzaron a ser detectadas, las influencias hicieron que el Ejecutivo, en vez de actuar de manera correctiva, simplemente cambiara al Superintendente. Esto le dio largas al asunto, hasta que ya no había cómo detener la avalancha.”

Según Manuel Párraga, representante de los afectados, el Estado tuvo “una responsabilidad relevante en el fraude”, ya que informes de auditoría han revelado que las irregularidades en las financieras se conocieron mucho tiempo antes de que fueran de dominio público.

A pocos días del juicio en que fueron declarados inocentes Mathies Hill y Galdámez, apareció una investigación realizada por el gobierno salvadoreño, con el apoyo de la INTERPOL, en que se revelan las operaciones financieras y detalles de las cuentas bancarias en el extranjero de los responsables del fraude. Dicha investigación supuestamente era desconocida por la Fiscalía y el juez de la causa, y consecuentemente la misma no fue considerada como elemento de prueba en contra de los imputados. El mismo juez, Levis Italmir Orellana, reveló de haberse enterado antes de esa investigación, además de sumarla al proceso, hubiera pedido el congelamiento de las cuentas bancarias.

Otra irregularidad fue la pérdida, por casi cuatro años, de un expediente que contenía una demanda presentada por el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, institución que habría perdido unos 15 millones de colones en las financieras. Extrañamente los documentos aparecieron en junio, y de igual forma, por la falta de oportunidad en su presentación, el juez no pudo incorporarla al proceso.

Tampoco han sido investigadas o aclaradas las denuncias de los afectados, quienes aseguran que la estafa inicial era de 800 ó 900 millones de colones, pero que fue inflada a mil 300 millones de colones para que algunas instituciones gubernamentales pudieran fácilmente recuperar -de un fideicomiso creado por el Estado- el cien por ciento de lo defraudado o para beneficiar a personas que no eran afectadas.


Como este sitio no es de El Faro, tengo que poner algo ligero para crear una pausa y evitarle a usted la depresión inminente:

La Suegra de Paco Flores siempre provoca nuestros mejores sentimientos


En diciembre 2001 se reportó que Mathies Hill además es procesado por otra estafa, cometida en perjuicio de Roberto Bukele (propietario de Servipronto), por unos 5.4 millones de dólares invertidos en las empresas Autosal y Caribe Motors. Bukele ha declarado nunca haber recibido beneficios por dicha inversión, tal como se lo prometió Mathies Hill. La audiencia preliminar por este otro caso será en marzo 2002.

A lo “Mister Donut”, yo ya estoy esperando las acciones de Nayib vengador, algo así:

Debí haber puesto la escena del país (sí, país) Valle Encantado, pero es demasiado larga.


¿o quizá sea un poco así?


Caso Credisa

Por su parte, un grupo de accionistas minoritarios de CREDISA presentó, a fines de julio 2001, una demanda ante la Fiscalía General de la República contra las dos últimas juntas directivas de dicho banco, a las que acusan de cometer “fraude financiero”. Según ellos, los ex-directivos habrían realizado préstamos sin garantía a empresas fantasmas y de familiares y amigos que llevaron al banco a la quiebra. Estos accionistas también demandaron por el delito de apropiación y retención indebida de dinero a los ex-directivos de FINCORP, una compañía paralela a CREDISA en la que también tenían inversiones, que luego de la quiebra de CREDISA dejó de repartir utilidades.

Los medios de comunicación no han revelado los nombres de los ex-directivos de CREDISA y FINCORP. Solo se conoce que entre ellos se encuentran Jorge Sansivirini, ex-ministro de Obras Públicas y Hans Bodewig, ex viceministro de Vivienda, ambos vinculados con el partido gobernante, ARENA. Entre otras irregularidades en que Bodewig ha estado involucrado se encuentran una violación a la ley de bancos por haberse desempeñado simultáneamente como presidente de FONAVIPO y directivo de CREDISA, las anomalías detectadas en el caso FONAVIPO-PROCADES y un juicio que enfrentó el año pasado por la tala ilegal de 700 árboles en Santa Elena que resultó en un fallo cuestionable a su favor.



Caso Crediclub

En junio 1997 se detectó una estafa por 116 millones de colones en la empresa Crediclub, propiedad de prominentes familias vinculadas con el partido gobernante. Como resultado fueron procesados los ex-miembros de su junta directiva: Ricardo Ernesto Gutiérrez, Raymundo Ernesto Rodríguez, Mauricio Alberto Guirola Meardi, Federico Enrique Guirola Salazar, Guillermo Antonio Mendoza, Gabriel Rivera, José Roberto Martínez, María Elena Guirola, Juan Orlando Valencia, Alfredo Sosa, Antonio José Ferracutti, Ana Olga Monedero y Mauricio Peñate Calderón.

En septiembre 2000, el Juez 6o. de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, anunció que la Fiscalía General no presentó suficientes pruebas para sustanciar los delitos de estafa y defraudación a la economía pública en Crediclub, exonerando en consecuencia a todos los imputados.

Ante la apelación de la Fiscalía, en febrero 2001 una cámara de segunda instancia sobreseyó en forma definitiva a los implicados en este caso. Como reportó La Prensa Gráfica, la cámara resolvió “que los directivos no cometieron la defraudación porque la empresa no aparece en el Centro Nacional de Registros como institución de crédito o de seguros, y tampoco se dedicaba a parcelar terrenos, como lo requieren las leyes para cometer ese delito.”


Van a disculpar que prácticamente lo esté copiando todo, pero es que no puedo elegir qué es más surreal en este Macondo:


Constructoras corruptas

En octubre 2001 se realizó la audiencia inicial contra 12 representantes de las empresas constructoras TERRATRACTO, COVELIRA y TERRYCOLA, a las cuales la Fiscalía general acusó del delito de falsedad ideológica, pidiendo una indemnización a favor del Estado por 51 millones de colones.

Dichas empresas presuntamente habían alterado sus estados financieros y los inventarios de su maquinaria para tomar ventaja en licitaciones de reconstrucción de carreteras convocadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía presentó ante el juez 12o. de Paz, Mario Mira Montes, balances donde se evidenciaban las alteraciones, este consideró que las pruebas eran insuficientes y resolvió el sobreseimiento provisional en favor de los imputados
.


Menos mal que ya se tomaron pasos para que el nuevo y no corrupto MOP ya no pague de nuestros impuestos a…



Arroz:

Según la demanda, la empresa “Arrocera Los Corrales” de Guatemala habría introducido al país arroz estadounidense, haciéndolo pasar por guatemalteco y aprovechando de la exención de impuestos que aplica a los granos centroamericanos. Si el arroz hubiera sido estadounidense la empresa guatemalteca hubiera pagado un 35% de impuestos.

Se sospecha que este caso es una manifestación pública de los conflictos entre grupos empresariales y el tráfico de influencias para evadir el pago de los aranceles de importación que por años han gozado de la protección gubernamental.


¡¡Sí!! ¡El Estado fuera de los negocios de la empresa privada! ¡¡Solo así va a progresar este país como ya se ha comprobado desde las privatizaciones de Calderón Sol!!

Químicas Aliadas/Central de Licores: muertes y evasión de impuestos

El Instituto de Medicina Legal anunció que en julio 2001 que habían muerto, por intoxicación con metanol, 15 personas en la zona occidental del país. En octubre 2000, otras 128 personas murieron por la misma causa. En esa época se vinculó a las empresas Químicas Aliadas y Central de Licores como las responsables de haber vendido aguardiente adulterado con metanol. También estas empresas fueron señaladas por fabricar alcohol bebible y camuflajearlo luego como producto farmacéutico para evadir hasta un 30% en impuestos.

La empresa química y la licorera se unieron en junio 2000, bajo el control de la misma persona, Óscar Alberto Ramírez Smith, quien fungía como presidente de Químicas Aliadas (creada en 1977) y administrador de la Central de Licores. Desde febrero 1997, la Central de Licores había sido manejada por Ramírez Smith – quien se sospecha huyó del país luego del escándalo -, como administrador único y Patricia Beatriz Panzacchi de Ramírez (suplente).

Ex-paramilitares: Protagonistas de estafas y cobros ilegales

Directivos de dos organizaciones que aglutinan a los ex-paramilitares que sirvieron al gobierno durante el pasado conflicto armado – el Partido Acción Nacional (PAN) y la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS) – fueron acusados del delito de estafa según el cual habrían estafado a varios miembros de APROAS con 300 colones por persona con la promesa de conseguirles un crédito de 15 mil colones.

En 2000, dirigentes de APROAS declararon que el gobierno le entregó a sus miembros dos mil colones a cada uno, diez millones de colones en total, para que votaran en las elecciones de marzo/1999 por el candidato del partido gobernante, el actual presidente, Francisco Flores. La posición del gobierno, desmentida por APROAS, fue que los beneficiados eran afectados del huracán Mitch. Hasta la fecha el gobierno no ha investigado si APROAS, una asociación de ex paramilitares, es una organización legal, si sus miembros son agricultores, si fueron afectados por el Mitch y si el dinero fue recibido en concepto de una indemnización o de una compra de votos.

Terremotos: Anomalías en la distribución de la asistencia humanitaria

Todavía no se conoce el destino final de las donaciones relacionadas al huracán Mitch de 1998. Solamente se sabe de la realización de varias obras de infraestructura y del “caso APROAS”. Referente a este último, el gobierno erogó 10 millones de colones a una asociación de ex paramilitares (APROAS) haciéndolos pasar por damnificados. APROAS dijo que no fueron afectados y que el dinero les fue entregado a cambio de sus votos en favor del partido gobernante en las elecciones presidenciales de 1999. Hasta la fecha, el gobierno no ha mostrado interés en rendir cuentas por el uso de la ayuda humanitaria y de reconstrucción, ni por aclarar las denuncias de corrupción con relación a ella, tales como el caso APROAS.

La falta de transparencia gubernamental

Un día después del primer terremoto el Presidente de la República, Francisco Flores, formó la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL), la cual tuvo a su cargo el manejo de la ayuda humanitaria. Sus integrantes fueron: el primer Designado a la Presidencia, Roberto Murray Meza; la ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia B. de Avila; y el presidente Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Ricardo Simán.

La Prensa Gráfica reportó el 17 de enero que CONASOL había contratado a dos firmas de auditoría para garantizar la correcta recepción y distribución de la asistencia humanitaria. Según CONASOL, Peat Marwick se encargaría de los bienes y Pricewaterhouse de los fondos. Los informes de auditoría de las citadas firmas no han sido hechos del conocimiento público. En abril, El Diario de Hoy reportó que los donativos recibidos por CONASOL sobrepasaron los cuatro millones 600 mil dólares. Esa fue la única información que se tuvo al respecto. En mayo el ente fiscalizador del Estado, la Corte de Cuentas, presentó un informe, por el período del 15 al 31 de enero 2001, avalando la gestión financiera de CONASOL: “los estados financieros presentan, razonablemente, en todos los aspectos importantes, los ingresos recibidos, costos incurridos y las disponibilidades a la fecha”. El informe no especificó qué cantidad de dinero recibió CONASOL ni cómo lo utilizó, ni información sobre el resto del tiempo en que funcionó esa comisión.



Gente. Todavía no sabemos si CONASOL está preparando un exhaustivo reporte. Hay que tener confianza en las organizaciones que crea el gobierno para que los supervise a ellos mismos.

Organismos útiles


El Presidente de la República también conformó una comisión para manejar las ayudas económicas que el país recibiera. Dicha comisión quedó integrada por el entonces Ministro de Hacienda, José Luis Trigueros, el presidente del Banco Central de Reserva, Rafael Barraza, el director de ABANSA (la asociación de bancos), Claudio de Rosa, y el empresario Ricardo Hill. Nunca se conoció públicamente del trabajo de esta comisión.


A inicios de marzo, durante la reunión del Grupo Consultivo de Donantes, en Madrid, el secretario técnico de la Presidencia, Juan José Daboud, anunció la creación de una contraloría social para asegurar el buen uso de las donaciones. Según reportó El Diario de Hoy, entre los principios para fiscalizar la ayuda, Daboud anunció “libertades para que los periodistas fiscalicen, si lo desean, los planes de reconstrucción”. Esa promesa nunca se concretizó.

Esas experiencias nos han enseñado. Como pueblo hoy ya sabemos la importancia de la contraloría social y la investigación periodística. Ya no nos dan atol…

https://twitter.com/ElFaro/status/1306412558622978050
Comentarios de los que continuarán orgullosos en cinco años


También en marzo Miguel Angel Simán, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), dijo que el proceso de entrega de la asistencia humanitaria había sido “transparente”, que habían contratado a una empresa de auditoría para supervisar el uso que hagan de los fondos destinados a las alcaldías y que señalaría legal y públicamente las anormalidades. Sin embargo, hasta la fecha no se ha visto informes de FISDL sobre cuáles municipios han recibido fondos, recursos y servicios y cómo los han ocupado, y menos aún, sobre las irregularidades.


Tal vez le interese: Las compras secretas del gobierno durante la pandemia

A principios de septiembre, en un programa radial en California, el vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, confirmó que la Corte de Cuentas y una firma de auditoría estuvieron a cargo de la fiscalización de la asistencia humanitaria y que el gobierno ha habilitado un sitio en Internet para dar cuenta de cómo se manejo la asistencia humanitaria recibida. El reportaje no indicó la dirección donde se encuentra el referido sitio web.
A la fecha los únicos sitios gubernamentales con información sobre el manejo de la ayuda recibida en ocasión de los terremotos son:
Sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores\ http://www.rree.gob.sv/sitio/sitio.nsf/pages/HomePage13Febrero2001
Sitio web del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local\ http://www.fisdl.gob.sv/fis_static/paginas/wcon_emergencia3.htm

La información que contienen es incompleta y desactualizada.


Esa melodiosa voz


Encuestas de CID-GALLUP


Una gran parte de los salvadoreños entrevistados consideró que el gobierno del presidente Francisco Flores no había manejado con transparencia el destino de la ayuda internacional que llegó al país tras los terremotos de enero y febrero pasados.

La mitad de la población adulta, independiente de cualquier variable sociodemográfica, manifestó tener dudas sobre la honestidad y transparencia con que ha sido utilizada la asistencia que se recibió por parte de países amigos.

Un 51 por ciento del universo consideraron que los alcaldes politizaron la entrega de la ayuda internacional, especialmente los alcaldes pertenecientes a ARENA y el FMLN.

Una cantidad importante estaría dispuesta a abandonar el país. Opinan que tras los terremotos, la situación se está poniendo más difícil en el país, por lo que el 46 por ciento de los encuestados muestra un claro interés.



Lo bueno es que hemos garantizado la estabilidad de las personas que se fueron a los Estados Unidos. Lo debemos a las buenas relaciones de los gobiernos que no son de izquierda. Siendo buenos aliados y teniendo poca o nula dignidad, aseguramos el bienestar de los compatr…

El Salvador siguió aceptando deportaciones en medio de la pandemia. Personas que no fueron examinadas en los Estados Unidos antes de ser enviadas a su países, según una investigación independiente (LAS INVESTIGACIONES INDEPENDIENTES PARA AFUERA EN EL 2021!) https://www.vox.com/2020/5/12/21250540/coronavirus-immigration-limits-trump-deportations-guatemala-honduras



En octubre 2001, El Diario de Hoy reportó los resultados de otra encuesta de Gallup, realizada entre el 10 y 16 de octubre. Sobre la asistencia humanitaria, “cuatro de cada diez personas encuestadas consideró que la ayuda se ha manejado con honradez. El 7 por ciento consideró que se ha hecho \’más o menos\’ con alguna honradez. Mientras tanto, el 44 por ciento afirma que esas contribuciones se manejaron con poca o ninguna honradez”.



Esta encuesta nos demustra que la estupidez, como el COVID, es resistente, que no hay peor ciego que el que no quiere ver y que aumentar el presupuesto para educación es una necesidad urgente para todo mundo, menos para los gobiernos a quienes solo les basta una buena señal de internet y Josés Youtubers.


La politización en la entrega de la ayuda


Hubo muchas denuncias y críticas hacia los partidos, por haberse aprovechado de la ayuda humanitaria para favorecer a sus partidarios o promover sus agendas políticas. Entre otras se mencionaron:

En enero, La Prensa Gráfica observó en Cojutepeque (Cuscatlán) a vehículos adornados con las banderas del FMLN y de ARENA repartiendo víveres.
En San Francisco Javier (Usulután), vecinos del lugar acusaron al alcalde Alberto Alejo (ARENA) de dar ayuda únicamente a sus partidarios.
En Tecoluca (San Vicente) los vecinos señalaron al alcalde, Carlos Cortez, por favorecer a los miembros del FMLN.


En mayo damnificados de Ahuachapán acusaron a la alcaldía, controlada por el FMLN, de haber beneficiado a las personas a su partido. Autoridades de la alcaldía explicaron que hubo más de 7,000 viviendas dañadas, pero que el FISDL solo consideró 4 mil.

También en mayo afectados de San Juan Nonualco de La Paz denunciaron la alcaldesa María Inés Miranda de Ayala (PDC) por no ocupar los donativos como fueron destinados y por favorecer “sólo a sus amigos” y a los partidarios del PCN.

Además, durante ese mismo mes el Concejo Municipal de Nahuizalco (FMLN) en Sonsonate decidió separar de su cargo al alcalde, José Carlos Estrada Hernández, acusado de actos de corrupción. Entre las irregularidades de las que se acusó a Estrada Hernández se encuentra haber erogado 200 mil colones para ayudar a los afectados por el terremoto, a pesar de que el Concejo Municipal solo autorizó 100 mil. Además, según los denunciantes, en este caso el gasto real fue de 86 mil colones. Por la misma causa también fue destituido el secretario municipal, Walter Cardona. A pesar de la decisión del Concejo Municipal, Estrada Hernández continua hasta la fecha ejerciendo su cargo y se desconoce si la Corte de Cuentas y la Fiscalía han investigado las denuncias.



En agosto unos pobladores de Apaneca (Ahuachapán) denunciaron al concejo municipal (ARENA) de esa localidad, de adjudicar sin sorteo lotes en la colonia Regalo de Dios, destinada a beneficiar a los afectados por los terremotos ocurridos a inicios del año. Los denunciantes también aseguraron que dos de las concejales, Blanca Bessy Pérez y Arely Ruiz, se habían apropiado de varios lotes usando nombres de sus parientes. El alcalde municipal, Osmín Antonio Guzmán, desmintió los señalamientos, pero no aclaró en que forma habían sido adjudicados los lotes.


Menos mal que ya hemos aprendido de las lecciones del pasado.



Caso los militares venezolanos y la comunidad de Comasagua: No ha sido muy clara la razón por la cual el gobierno salvadoreño pidió a la delegación venezolana, que se encontraba apoyando los esfuerzos de reconstrucción en Comasagua, que abandonara el país, decisión que tuvo que rectificar ante el cuestionamiento de los medios de comunicación y el reclamo de los mismos pobladores de Comasagua. Muchos están de acuerdo con el diario virtual El Faro que: “Más parece, en realidad, que la decisión de retirar a los venezolanos de Comasagua obedeció a malos cálculos influenciados por una combinación de política interna y presiones de Washington, ansiosa de bajar el perfil del mandatario bolivariano”.

Menos mal, seguimos besando las nalguitas de Washington, beneficiando a nuestra gente deportada en medio de la pandemia. Al menos ahora sí hemos mantenido al equipo adecuado desde Venezuela: veterinarios asesorando los lineamientos para la salud de nuestro país.
#Ciclos

Usamos mucho Twitter y poquito el cerebro, wink wink



Y para finalizar este capítulo de la trilogía, dejemos un poquito sobre la corrupción de las compañías constructoras, un tema fascinante del que nadie habla (¿será por todo el lavado de fondos que este rubro le permite a gente poderosa e incluso al alto mando militar?)

La responsabilidad del gobierno en los daños

Ha faltado interés en los medios de comunicación por investigar las vinculaciones entre el gobierno, los constructores y sus gremios profesionales, vinculaciones a las que se atribuye el no cumplimiento de la normativa antisísmica en las construcciones y la concesión de permisos para urbanizar en zonas protegidas o de alto riesgo. Hubo pocos casos que fueron reportados, entre ellos:

Sobre las construcciones en La Libertad, uno de los departamentos más afectados por los terremotos y el más poblado, desde 1998 ha habido un pleito jurídico alrededor de la Cordillera de El Bálsamo, área con alto riesgo de derrumbes, para que sea declarada una “Zona de Protección Ecológica y Reserva Forestal”. Empresas de construcción como la del ex viceministro de Vivienda, Hans Bodewig, han transformado la cordillera en proyectos de viviendas para personas de clase alta. En el caso de Posada Magaña Constructores (POSAMACO), fue favorecida por un fallo jurídico y la alcaldía de Santa Tecla fue condenada por entorpecer la venta de casas que cuestan más de 500 mil colones.

Las Colinas es una urbanización de La Libertad donde hubo la mayor concentración de muertos y daños por el primer terremoto. Un propietario de casa, entrevistado por El Diario de Hoy en enero 2001, observó: “Nosotros, como habitantes de la colonia, denunciamos en muchas ocasiones el daño del cerro por las construcciones que se hacían en la parte alta… Arriba había como cinco residencias, cada una con su piscina. Se habían construido muchas calles de acceso y hace como un año se estuvieron escuchando explosiones. Todo eso fue deteriorando el terreno y nosotros lo denunciamos en varias ocasiones. No hicieron caso”. En octubre 2001 habitantes de “Las Colinas” mostraron un mapa de riesgos de 1996, elaborado por el Viceministerio de Vivienda, donde se declaraba a esa zona de “alto peligro de derrumbes”. Sin embargo, el ente estatal nunca tomó medidas para alertar, prevenir y controlar los riesgos. Los sobrevivientes de esa comunidad, con el respaldo de una organización de la sociedad civil, FESPAD presentaron una demanda contra el Estado salvadoreño ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por haber permitido la urbanización de la zona.

En marzo la constructora La Fortuna demandó judicialmente al alcalde de Santa Ana, Orlando Mena Delgado, por obstaculizar un proyecto de urbanización en dicha localidad. Los vecinos se quejaron que con los terremotos la tierra se había aflojado y que temen derrumbes. Los representantes de la constructora afirman que tienen los permisos legales y que la paralización de la obra les ha ocasionado pérdidas por más seis millones de colones.

Vecinos de los condominios Montecristo, en el municipio de Mejicanos, denunciaron que sus edificios fueron construidos sin columnas de soporte por la empresa I.P.Q. Constructores. Dichos edificios quedaron inhabitables con los terremotos.

Todo esto me hace pensar en la alegría que nos debe dar, en estos tiempos de pandemia, que -en lugar de una zona verde para captar agua y caminar libremente en El Espino- tengamos hoy tres centros comerciales seguidos. Gracias, Milagro Navas, esa inversión realmente nos beneficia a todas y todos.



Si ya no se aguanta por leer el resto o por leer más acusaciones de cómo se usaron los fondos del terremoto, recuerde que puede ir al sitio de PROBIDAD. Si sigue caído por “#coincidencias“, aquí está salvado ya por alguien más previsor.

Photoliving 20: Caminata en pandemia

En estos días en que a cada quien le toca cuidar su salud mental (dañada más por el mismo gobierno), me fui a dar una caminata madrugadora.
¡No creerán lo que pasó después!


Nada relevante


Pero aquí están unas lindas imágenes de esta aventura. Empecemos, como siempre, con una imagen que captura la importancia del peatón y de las personas con discapacidades en la planificación urbana en El Salvador:

“se hace camino al andar”



Luego un poco de arte urbano:



Un paréntesis con las últimas atracciones cinematográficas antes de la cuarentena:

Flop



Muros mágicos:



Publicidad que nos invita a reflexionar en tiempos de COVID:

“Vives en el mejor lugar del mundo para tener un jeep”



¡¡Deforestación, nuestra amiga!!

“They paved paradise and put up a parking lot” #MantoAcuiferoDelAMSS



Vida y muerte en el pavimento:



Y terminamos con esta oda al buen gusto, el monumento de los masones desde varios ángulos.





Y si les parece que he sido irreverente con mis comentarios, no teman. Dios ya me castigó porque me escaldé.

Corrupción histórica de El Salvador (Pt. 1)

En los días de encierro a causa del COVID19 en que debía sobrellevar los comentarios de Bukele de que “todo el mundo se puede morir” porque generar pánico es la mejor forma de gobernar y controlar, decidí darle una leída al reporte de corrupción del año 2001.

Probidad, certeramente, empieza con lo siguiente:

Los objetivos de la Memoria Anual son: (a) servir como testimonio, para que los casos de corrupción y sus responsables nunca sean olvidados; (b) concientizar al público sobre cómo la corrupción frena la convivencia democrática y el desarrollo social y económico del país; y (c) motivar acciones – de parte del gobierno, de los partidos políticos, de los grupos empresariales, de los medios de comunicación, de las organizaciones de la sociedad civil y de todos los ciudadanos – que resulten en investigaciones rigurosas de los hechos de corrupción y castigos ejemplares contra sus responsables, así como adoptar posturas intolerantes a las conductas antiéticas, a las relaciones clientelistas, al abuso de los recursos y del poder público y a la falta de transparencia, que caracteriza en gran medida nuestro comportamiento social.



Menos mal ahora tenemos bastantes medios de comunicación digitales fiscalizando a nuestros funcionarios, a pesar de que al gobierno de Nayib, trolles y demás súbditos no les guste.

No pienso agregar mucho a lo ya expuesto. Solo me interesó hacer más accesible este archivo sobre infames personajillos de la política salvadoreña.

Porque no hay que olvidar.

Así como alguna vez tuvimos a un Rafael Arévalo al que su salario de diputado (y de doctor inasistente) no le alcanzaba “ni para comprar un vehículo”, hoy tenemos a Velásquez Parker quien, seguramente, para el próximo febrero, se volverá a lanzar a pesar de que a él tampoco le alcance y, para colmo, le toque soportar nuestra ingratitud.

Merino alguna vez anduvo ebrio disparando, amenazando juezas y en tratos raros con casinos. Hoy tenemos un Víctor Martínez Sandana, de NUEVAS IDEAS, yendo de suplente de la inoperante Suecy Callejas.

Levis Italmir Orellana sobreseyó a otros jueces acusados de tener títulos falsos y, además, los defraudados en el caso FINSEPRO/ INSEPRO pedían también que lo investigaran, acusándolo de “obviar investigaciones y retardar el proceso contra los imputados”.

En fin, hay muchas joyas en este informe. Yo he decidido dejar aquí algunas de mis favoritas:

Otro ejemplo de impunidad citado en el Informe fue la exoneración, en noviembre 2000, que la jueza Patricia Velásquez resolvió en favor de los directivos de la FEDEFUT y dos empleados de la Corte de Cuentas, implicados en un faltante de 35 millones de colones y la falsificación de documentos, ocupando el argumento de que la FEDEFUT no era una institución pública.



En octubre el Presidente de dicho la Asamblea Legislativa, Walter Araujo (ARENA), declaró que anualmente se gastan cerca de 3 millones y medio de colones en sobresueldos, justificándolos como horas extras, para privilegiar a un pequeño sector de empleados. Araujo prometió terminar con esta práctica.

En mayo se conoció que el agasajo de bienvenida que habría ofrecido el nuevo presidente de la Asamblea, Walter Araujo (ARENA), tuvo un costo de 25 mil colones. El presidente saliente, Ciro Cruz Zepeda (PCN), gastó el año pasado en su recepción de bienvenida 214 mil colones.

En junio diputados del partido de izquierda FMLN acusaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Walter Araujo, de manejar en secreto un fondo rotativo de 100 mil colones. Además pidieron, junto al partido de derecha PCN, que los últimos tres presidentes de la Asamblea -Francisco Flores, Juan Duch y Ciro Zepeda – rindan cuentas sobre el uso de dicho fondo.

A finales de abril se conoció que una segunda comisión, integrada por Ciro Cruz Zepeda (PCN), Dagoberto Marroquín (PCN) y Juan Miguel Bolaños (ARENA), viajará a España para conocer el sistema de libre competencia de ese país. En mayo 2001, una comisión integrada por Ileana Rogel (FMLN), Juan Ramón Medrano (CDU), Julio Moreno Niños (PCN) y el asesor Francisco Morán Castaneda, viajaron a España con el mismo propósito. Estas misiones oficiales son parte del trabajo de la Comisión de Fomento de la Competencia, la cual en un año de estar funcionando no ha presentado ningún resultado. Zepeda y Moreno Niños ni siquiera forman parte de esa Comisión.

El Diario de Hoy reportó que 6 diputados viajaron a Estados Unidos el miércoles 14 de noviembre, por 8 ocho días, y que en concepto de viáticos recibieron 225 dólares diarios cada uno, haciendo un total de 10 mil 800 dólares, más los gastos de pasajes. El propósito del viaje fue para sostener reuniones con organizaciones de inmigrantes salvadoreños y con funcionarios y congresistas estadounidenses. Aunque la misión era una gestión de la Comisión de Relaciones Exteriores, solo dos de los diputados designados pertenecen a ella. También, dicha misión oficial rompió el compromiso que había hecho el presidente de la Asamblea, Walter Araujo, de que a lo sumó solo cuatro diputados podrían conformar las comisiones al exterior. Los participantes en el viaje son Mario Ponce y Rubén Orellana, del PCN; Mauricio López Parker, de ARENA; José Marinero, del FMLN; René Aguiluz, del PDC; y Juan Ramón Medrano, del PSD. Además los acompaña el técnico legislativo Alejandro Solano.


Conflictos de interés: los diputados buseros

La Constitución, en su art. 127 inciso 6o., prohibe que puedan postularse como candidatos a diputados quienes tengan concesiones con el Estado, para evitar conflictos de intereses. Dicha disposición es aplicable a los empresarios de buses.

El diputado Elizardo González Lovo (PCN) que dirige la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, que trata todo los asuntos relacionados a los buseros, es presidente honorario de la Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador (AEAS). Ha ocupado su posición para promover legislación a favor de los buseros. También en los registros del Viceministerio de Transporte, según reveló La Prensa Gráfica, este diputado tiene a su nombre cuatro permisos de línea y otros dos buses registrados a nombre de otra persona pero con su número de identificación tributaria. González Lovo admitió que tiene 5 buses matriculados a su nombre, pero dijo que los permisos de línea no son de él.

A finales de diciembre, El Diario de Hoy reportó otros casos de “diputados buseros”. El matutino dijo tener en su poder una copia del Registro Público de Vehículos Automotores donde se hace constar que el diputado Mauricio Quinteros (ARENA) es propietario de al menos un bus de transporte público con placas AB 77204. Quinteros declaró que vendió ese bus a otra persona antes de llegar a la Asamblea Legislativa. El diario también manifestó que los diputados Blanca Flor Bonilla (FMLN) y Rafael Arévalo (ARENA), quienes han promovido intereses de buseros, tienen lazos familiares con el sector.


Prácticas clientelistas

El diputado Rafael Ruiz fue denunciado por Héctor Geovanni Herrera por no haberle cumplido la promesa de proveerle una plaza en la Corte de Cuentas. Ruiz es diputado por el PCN, partido que ha controlado la Corte de Cuentas por dos décadas y, como es de común conocimiento, ha usado los puestos de trabajo en el ente contralor para favorecer a sus militantes.



Otro ejemplo de la responsabilidad legislativa ocurrió el 23 de agosto, cuando la sesión plenaria y las reuniones de comisiones legislativas programadas para ese día fueron suspendidas debido a que los diputados del partido ARENA no se presentaron por asistir a una actividad partidista, la celebración del natalicio del fundador de su partido, el difunto Roberto D’Aubuisson.


En septiembre El Diario de Hoy denunció al presidente de la Asamblea Legislativa, Walter Araujo, quien reportó varias inasistencias – sin pedir permiso para ausentarse – por participar en reuniones del Concejo Ejecutivo del partido ARENA. Ante el señalamiento, Araujo respondió que: “El permiso me lo puedo dar solo. Estamos hablando de un funcionario de primer nivel, no de un ordenanza“.



Walter Araujo jurando fidelidad a su tercer partido político




PDDH
(Beatrice) Allamani de Carrillo fue electa el 6 de julio 2001, con el respaldo de 83 de los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa. Una semana antes la nueva funcionaria no contaba con el respaldo del partido ARENA (29 diputados) ni del CDU (1 diputado). Estos partidos no consideraban correcto que semanas antes se hubiera reformado la ley de la PDDH – con el propósito de facilitar la elección de Allamani de Carrillo, quien es de origen italiano – para eximir del requisito de ser salvadoreño de nacimiento al titular de ese ente. Sin embargo, enfrentado ante la candidatura de Florentín Meléndez, un apasionado defensor de los derechos humanos y funcionario de la ONU, que gozaba de mucho apoyo entre la oposición, el partido ARENA desistió en su posición y terminó concediendo sus votos para designar a Allamani de Carrillo como la nueva titular de la PDDH.



Depuración FGR
Entre los depurables se encontraban jefes de regionales y sub-regionales, y los miembros de la Unidad de Patrimonio Privado (llamado G-9). Según reportes de La Prensa Gráfica estos últimos estaban acusados de “vender los procesos judiciales a reconocidos abogados defensores” durante la anterior administración del Fiscal Manuel Córdova Castellanos, quien a pesar de haber recibido denuncias nunca realizó una investigación.



Gobierno central
El mal uso de los vehículos del Estado es una de las muchas formas de corrupción salvadoreña que frecuentemente no recibe seguimiento por parte del gobierno. En las Disposiciones Generales de Presupuestos (Art. 97) se prohíbe expresamente utilizar los vehículos estatales para fines no oficiales. Nadie teme a incumplir dicha norma porque la sanción prevista es ridícula. El Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial impone una multa de 100 colones por esta falta (Art. 64), valor muy inferior a lo cuesta un auto de alquiler, unos 300 colones al día.


A finales de abril, reporteros de La Prensa Gráfica fotografiaron el vehículo placas N-13909 que permaneció por espacio de tres horas en un motel de la capital. Luego se confirmó que el vehículo pertenecía al Consejo Nacional de la Judicatura y estaba asignado al concejal Amadeo Artiga, padre del Fiscal General, Belisario Artiga. El concejal admitió que conducía el vehículo en esa ocasión y según él, visitaba al propietario del motel con quien tiene una relación comercial. Artiga reconoció su error y se disculpó públicamente por hacer uso inadecuado del vehículo.

Durante la primera semana de agosto, que corresponde a los festejos patronales de San Salvador, la Policía detectó en circulación a 24 vehículos nacionales, de los cuales 9 no contaban con autorización. La Prensa Gráfica reportó que los diputados Rafael Arévalo (ARENA), Horacio Ríos (sin partido) y Tomás Mejía (ARENA) tomaron cada uno, con la autorización de la Junta Directiva, un vehículo de la Asamblea Legislativa para ocuparlo durante la semana de las vacaciones agostinas, bajo el argumento que sus carros se habían arruinado.

También fue detenido en Santa Rosa de Lima Manuel Antonio Solís Magaña, motorista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien según el reporte policial transportaba un contrabando de queso valorado en 3 mil 771 dólares en un microbús propiedad de la CSJ. Magaña es procesado por los delitos de contrabando de mercadería y defraudación a la hacienda pública. En septiembre se conoció que la CSJ suspendió sin goce de sueldo al jefe y subjefe de transporte por haber autorizado el uso del microbús en el que fue detenido Solís Magaña.



FEDEFUT
La Corte de Cuentas realizó una auditoria a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), durante el período 1996-98 y en un primer momento reportó un faltante de 90 millones de colones. En agosto 1999 la Corte de Cuentas anunció la disminución del faltante a 35 millones de colones y nunca respondió del porqué de la disminución. Un año después, la Corte de Cuentas desvaneció 32 de los 35 millones de colones.



Los implicados y el proceso judicial
En el año 2000 los implicados fueron acusados por la Fiscalía por los siguientes delitos:
Juan Torres (ex-presidente de la FEDEFUT): peculado, malversación de fondos, administración fraudulenta, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas y uso de documentos falsos.
Federico García Prieto, Pedro Valencia, Roberto Gamero, Fidel González, Roberto Mathies, Fredy Vega, Roger Barberena, Guillermo Valiente y Pablo Recinos: administración fraudulenta, falsedad documental agravada, uso de documentos falsos, peculado, negociaciones ilícitas y apropiación indebida.
Juan de Dios Pérez y Ricardo Antonio Mena, funcionarios de la Corte de Cuentas: actos arbitrarios.

El 22 de noviembre, los ex-directivos Juan Torres, Pedro Joaquín Valencia, Fredy Vega, Guillermo Machón y Roger Barberena fueron exonerados por el juez primero de instrucción, Levis Italmir Orellana. Está vez el juez desestimó la prueba presentada por la Fiscalía y argumentó violación al debido proceso. Según el juzgador, la Fiscalía no podía emprender acciones contra los imputados sin tener un informe de indicios de responsabilidades penales emitido por el Presidente de la Corte de Cuentas. La Fiscalía aún tiene la opción de apelar la más reciente resolución judicial.

Transporte público

Buses y viajes fantasmas. Una auditoría de la Corte de Cuentas, realizada en 1996, sobre una muestra de 864 buses que recibían subsidio de diesel, determinó que el 52% de dichas unidades, es decir 451, no existían. Ninguna institución dio seguimiento a este hallazgo. Por otro lado, en 1999, una controladora de rutas, Rosa Álvarez, hizo denuncias públicas sobre varias unidades que cobraban el subsidio del diésel sin realizar los viajes que reportaban.

…hasta la fecha la única sanción conocida fue la destitución en septiembre 2000 del director de Transporte Terrestre, Armando Cienfuegos (ex-diputado de ARENA 1994-1997); Fernando Villalobos, asesor de la Dirección General de Tránsito; Patricia de García, asesora de Tránsito; y Mayulin Alvarenga, jefa del Departamento Jurídico del VMT y otros dos funcionarios de quienes no se revelaron sus nombres. Las autoridades nunca expusieron cuáles eran las irregularidades concretas que se atribuían a estos funcionarios, ni emprendieron acciones para procesarlos judicialmente.

MOP
El mecanismo que sirve para incrementar sustancialmente el costo de las obras públicas son “las ordenes de cambio”, a través de las cuales los contratistas renegocian los términos y su valor. A manera de ejemplo La Prensa Gráfica detalló las órdenes de cambio que había tenido el proyecto de la carretera La Libertad-Acajutla, cuyo costo inicial era de 157 millones de colones. A través de 5 órdenes de cambio su costo se elevó en 57 millones 46 mil colones. Además, el Estado debe pagar 43 millones de colones más, después de perder dos arbitrios con la constructora.


Sandra Barraza en una de sus columnas semanales se refirió a las irregularidades en MOP:

“¿Quién construyó la carretera hacia Sonsonate? Ésa que estuvo en construcción por casi tres años, causando tanto problema y costos a todos; ésa que no se inauguró y que antes de un año estaba dañada; ésa que con los terremotos tiene grietas en un buen trecho; esa que dejaron sin señalización y así la dieron por terminada y cancelada. ¿Y la de Santa Ana-Anguiatú? Esa de 50 ó 60 kilómetros que en menos de tres años no tiene sino pedazos de pavimento que parecen un cuero de lagarto. ¿Y el edificio de la Corte Suprema? ¿El anexo de la Asamblea Legislativa? ¿El Hogar del Niño en San Jacinto? ¿El Teatro David J. Guzmán? ¿Y los edificios de la UES, el INFRAMEN y el ITI? … ¿Quién construyó esa obra? ¿Quién la supervisó? ¿Cuánto costó? ¿Para cuánto tiempo se construye? ¿Quién lo garantiza? Son cinco preguntas clave que debemos responder en cualquier obra pública. Es información que debería conocerse públicamente.” Aunque esto es cierto, el MOP no proporciona tal información a los periodistas ni tampoco al público.


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Ministerio de Gobernación
En mayo el presidente Francisco Flores ordenó la creación del nuevo Ministerio de Gobernación, al que quedaron integrados los antiguos ministerios de Seguridad Pública, del Interior y de Justicia. Como titular fue designado Francisco Bertrand Galindo, ex ministro de Seguridad Pública y, a partir de octubre, miembro del Consejo Nacional Ejecutivo del partido ARENA (COENA). Así, organismos que tienen que ver con la persecución del delito, como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), el control territorial (las gobernaciones departamentales) y la prevención de desastres (Comité de Emergencia Nacional/COEN), quedaron bajo la dependencia de este nuevo ministerio.


Policía Nacional Civil
En abril se conoció que el segundo jefe del Grupo Aéreo Policial (GAP), capitán Héctor Manuel Delgado, había sido suspendido por faltas cometidas cuando fungía como jefe de esa unidad policial. Delgado Velasco habría recibido entre mil y mil 500 colones de pilotos y aerotécnicos a cambio de gestionarles aumentos saláriales. También a Delgado Velasco se le señalaron responsabilidades por vuelos no autorizados, alteraciones en las bitácoras de vuelos e irregularidades en la licitación para la reparación de dos motores de helicópteros.


Academia Nacional de Seguridad Pública

Talleres Moldtrok, una empresa vinculada con el terrorista Luis Posada Carriles, ganó una licitación de proporcionar municiones a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), a pesar de que no contaba con licencia para importar armas ni municiones. A inicios de marzo se conoció que la empresa introdujo al país de contrabando un cargamento de municiones, del cual una parte era para la ANSP.


Corrupción en el penal de Gotera
El ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo, anunció la destitución del director del Centro Penal de Gotera, Ángel Gabriel Aguirre, a partir del 1ro. de noviembre, por irregularidades administrativas que podrían constituir delitos. A Aguirre se le atribuyó, según reportó La Prensa Gráfica, permitir abusos y maltratos contra los internos por parte de los custodios, permitir el uso de celulares a reos de alta peligrosidad, mal manejo del patrimonio de los internos y traslados no autorizados a otros centro penales, entre otros.


Angel Aguirre fue diputado por el extinto partido opositor Renovación Social Cristiano durante el período 1994-1997. Cerca del final de su período se declaró independiente y en múltiples ocasiones fue señalado de ser un diputado “taxi”, es decir, que vendía sus votos.


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Instituto Nacional del Azúcar
El Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) fue fundado en 1981, como parte del proceso de nacionalizaciones que se aplicó durante la época. Su función era controlar la producción, procesamiento y comercio de la caña de azúcar. Con la llegada de ARENA al poder en 1989, se revirtieron las nacionalizaciones y entre ellas se inició la liquidación del INAZUCAR. Muchos fuera de ARENA han sospechado que las privatizaciones fueron desarrolladas en una manera para beneficiar a la élite económica que controla a ARENA.


En 1998 la Corte de Cuentas reportó un faltante de 16 millones 703 mil 971 colones, sin que se conozca si dicha cantidad fue recuperada o bien desvanecida con la presentación de los documentos de respaldo.


Hospital Bloom
A principios de septiembre 2001 La Prensa Gráfica, a través de su revista de periodismo investigativo Enfoques, reveló los resultados de dos auditorías realizadas por la Corte de Cuentas y el Ministerio de Salud al Patronato de dicho hospital. Según estas auditorías, el Patronato recibió y administró ilegalmente 8 millones 425 mil 422 colones, bajo la responsabilidad del ex-director del Hospital, Rodolfo Calderón. La mayor parte de estos fondos provienen de cuotas canceladas por los pacientes, o sus familiares, a cambio de la atención médica recibida.

Hospital de Chalatenango
Aunque, según la Constitución, el servicio de atención médica ofrecida por el Estado debe ser gratuito para quienes carezcan de recursos, en la práctica los pacientes que la reciben deben pagar “cuotas voluntarias” que son determinadas discrecionalmente por las autoridades de cada hospital. Según declaró este año el diputado Norman Quijano (ARENA), las cuotas voluntarias constituyen alrededor del 15 por ciento del presupuesto para los hospitales. La falta de regulaciones sobre el manejo de esos fondos permite que sean malversados.


El reporte incluye reportes del entonces CONCULTURA, siempre malatendido y con personajes oscuros como Marco Tulio Sulín, acusado de vender piezas en el mercado negro. Después otro reporte sobre el siempre malatendido y con personajes oscuros zoológico nacional:


Parque Zoológico Nacional
A finales de diciembre 2001, la Revista Vértice (de El Diario de Hoy) reveló los hallazgos de su investigación de corrupción e irregularidades en el Parque Zoológico Nacional. A partir de denuncias de empleados se investigó a la directora del Parque, Iliana Ochoa, contra quien pesan entre otros señalamientos:

Haber celebrado el cumpleaños de su hijo en el recinto del hipopótamo y haber permitido que los niños asistentes a la fiesta tocaran al animal, a pesar del peligro que ello representa.
La concesión ilegal de cafetines a dos jauleros, Francisco Argueta y Manuel Escalante, quienes dedican parte del tiempo en que deben laborar para el Estado para atender sus negocios.
Relaciones clientelistas con los empleados: Argueta y Escalante le prestan dinero a la directora para atender necesidades del zoológico y uno de ellos le presta su vehículo; además la directora come de fiado en uno de los cafetines de ellos, donde le hacen precio especial.
Negligencia en la atención a los animales. Según el reportaje, la mortalidad de animales ha aumentado durante la administración de Ochoa por falta de medicamentos o de accesorios para los recintos, a pesar de contar con los fondos para adquirirlos.
Uso de vigilantes del Parque para su cuidar su residencia particular.
Gastos innecesarios en equipo de poco uso.
La construcción de un pozo a un costo de 500 mil colones, sin hacer previamente estudios de calidad del agua que luego resultó contaminada e inutilizable.

Quizá quería “ponerse pechita” siguiendo la escuela de Frederick Benítez.

Desorden administrativo y abusos de algunos empleados que no llegan a sus labores o lo hacen tarde, sin marcar tarjetas de tiempo ni rendir sus informes de trabajo.
Gustavo Herodier, presidente del CONCULTURA, institución de la que depende el Zoológico, ante la consistencia de los hallazgos de corrupción expuestos por El Diario de Hoy, anunció la directora del Parque será removida de su cargo a partir de enero próximo.


Y este pedazo que sigue siendo verdad hoy y siempre:


Presupuesto sin participación ciudadana
A finales de diciembre 2001, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2002 recomendado por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que asciende a 2 mil 504 millones de dólares y del cual un 27% será financiado a través de préstamos.
En El Salvador, las discusiones sobre la distribución del presupuesto únicamente se da a nivel de los partidos políticos con los titulares de cada institución, es decir, sin un proceso de consulta ciudadana. Tampoco existen mecanismos de rendición de cuentas a través de los cuales la población pueda evaluar el uso e impacto de los presupuestos, y la responsabilidad de los funcionarios públicos en su ejecución.




Otra realidad que se mantiene/mantendrá sobre el Tribunal Supremo Electoral y las elecciones:

En declaraciones brindadas a La Prensa Gráfica, Pablo Antonio Cerna, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló varios vicios y deficiencias que caracterizan al sistema electoral salvadoreño. Reconoció que la Constitución establece un sistema de representación proporcional, pero con el sistema de cocientes y residuos que define el Código Electoral la distribución de diputados no es proporcional al número de votos que obtiene cada partido. Así es como, por ejemplo, el PCN obtuvo catorce diputados en las elecciones de marzo/2000, que con sistema realmente proporcional jamás hubiera logrado
.

Entre las irregularidades denunciadas por los renovadores estuvo la negativa de entregar a un gran número de militantes su ficha de afiliación. El líder renovador Facundo Guardado declaró que la diputada ortodoxa Zoila Quijada, encargada de la Comisión de Organización, “ha ido día tras día negando las fichas de inscripción… cuando llega la militancia (renovadora) y pide cien fichas les da cinco y les dice que regresen dentro de 15 días para darle otras cinco”.

Al menos, vuelve a aparecer nuestro amigo Walter Araujo hoy limosneando a compatriotas en el exterior para responder por su misoginia:


Lindas memorias de cuando todavía estaba de buenas “con los mismos de siempre”:

En el partido gobernante ARENA los candidatos a puestos públicos son designados por el Consejo Ejecutivo. Desde el año anterior un autodenominado “movimiento de fundadores” y otros miembros del partido se venían pronunciado por la adopción de elecciones primarias para elegir a sus candidatos.
Al respecto, en mayo el entonces presidente de ARENA, Walter Araujo, descartó que se vaya a adoptar un sistema de selección de candidatos de esa naturaleza. Su argumento es que lo estatutos no contemplan ese mecanismo, lo cual fue respaldado por Milena Calderón de Escalón (ex-integrante del COENA y hermana del ex-presidente de la República, Armando Calderón Sol).
En septiembre se realizó la Asamblea General del partido, donde se eligió al nuevo COENA cuyos miembros fueron designados sin ninguna consulta ni mucho menos votación entre las bases.


Fraude electoral en el 2000
Cuando aún lo era, el Fiscal Electoral, Arturo Cruz Salgado, señaló a los magistrados del TSE de haber cometido fraude al resolver en favor del PCN la disputa con el PDC por un diputado en el departamento de La Libertad. Según Cruz Salgado, los magistrados se limitaron a ver los votos impugnados, pero no quisieron revisar varias actas alteradas.

Con la resolución del TSE el PCN completó 14 diputados que junto a los de su aliado, el partido gubernamental ARENA, sumaban los 43 requeridos para aprobar las leyes y elegir a algunos funcionarios, como el Presidente de la Corte de Cuentas, ente que el PCN ha dominado por 20 años.
Milagro Azcúnaga, militante del PDC que perdió la diputación contra el PCN, declaró que la dirigencia de su partido le pidió desistir de su batalla legal por el cargo ya que a cambió el PDC obtendría dos puestos en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.
De esta forma ya no hubo parte ofendida y el Fiscal Electoral no pudo abrir el expediente para establecer responsabilidades en este fraude electoral.



Inscripción ilegal
Cruz Salgado también calificó de ilegal la inscripción como candidato del Alcalde de San Luis Talpa, Yohalmo Varela (ARENA), quien estaba inhabilitado por enfrentar un proceso judicial sobre la compra-venta ilícita de terrenos municipales, caso vinculado con el diputado Francisco Merino. El magistrado representante del partido opositor FMLN, Julio Hernández, dio su voto para aceptar la candidatura de Yohalmo Varela, presuntamente a cambio de que se cesarán las investigaciones en su contra por el uso ilegal de la imprenta del TSE.

(Antes mencionado: Según las denuncias, Hernández habría negociado a cambio la suspensión de la investigación y su exoneración por haber utilizado la imprenta del TSE para elaborar propaganda para su suegra, María Flores del Cid, en ese entonces candidata a alcalde de Mejicanos.)


Y ahora pasemos al apartado CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DE EMERGENCIA, sobre los reportes de la ayuda malversada. Eso que ya quedó en el pasad…

“Yo mismo lo llevo a la cárcel…”


El informe de la Corte de Cuentas cuestionó el uso de 229 mil dólares en la Alcaldía de Chinameca. Gastos por 177 mil dólares no contaban con la documentación de soporte debidamente legalizada y de los otros 52 mil no se conoce el paradero. Los fondos corresponden a la ayuda para los damnificados por los terremotos. Se presume que el responsable de la irregularidad es el alcalde, Juan Carlos Osorio (FMLN).

***
En mayo 2001, el Concejo Municipal de Nahuizalco (FMLN) decidió separar de su cargo al alcalde, José Carlos Estrada Hernández, acusado de actos de corrupción. Entre las irregularidades de las que se acusa a Estrada Hernández se encuentra haber erogado 200 mil colones para ayudar a los afectados por el terremoto, a pesar de que el Concejo Municipal solo autorizó 100 mil. Además, según los denunciantes, en este caso el gasto real fue de 86 mil colones. Por la misma causa también fue destituido el secretario municipal, Walter Cardona.

***
La Corte de Cuentas cuestionó al concejo municipal de San Agustín, Usulután, en la contratación de una empresa de transporte. El alcalde José Ignacio Carranza, del partido ARENA, declaró que por la demanda de los pobladores se vieron forzados a utilizar a la empresa contratada para reparar algunos caminos rurales que quedaron dañados con los terremotos de este año, lo que ha sido calificado por el ente contralor como un “gasto inapropiado” por un monto de 38 mil cincuenta y siete dólares. Carranza se comprometió a aclarar las observaciones antes de agosto 2001.


Hay un apartado específico que habla más profundamente de la ayuda por los terremotos. Asumo que habrá muchas más cosas que resaltar.


Ahora, San Luis Talpa y nuestro borrachito pistolero preferido:

El ex-presidente de la Corte de Cuentas (1998-1999) y actual diputado y jefe de fracción del Partido de Conciliación Nacional (PCN), José Francisco Merino López, está implicado en este caso de una compra-venta ilícita de terrenos municipales a través de un “prestanombre”. Un informe de auditoría de la Corte de Cuentas encontró anormalidades con respecto a la venta, pero durante la gestión de Merino como su presidente, fueron exonerados el alcalde, su concejo y el mismo Merino.


Y, hablando de joyitas, Will Salgado:

El canal de televisión TVDoce mostró el 23 de junio un video donde se observan camiones municipales transportando material de construcción para una edificación propiedad del alcalde ubicada en Santa Rosa de Lima. El síndico del concejo municipal de San Miguel, Luis Morales Gill, denunció que Salgado había usado en varias oportunidades los camiones municipales para trasladar materiales de sus negocios. Salgado quien en oportunidades anteriores había negado estas acusaciones, ante la evidencia del video, aceptó -en una entrevista telefónica con TV Doce- haber usado los camiones en asuntos particulares. Aunque se disculpó públicamente, justificó su actuación argumentando que paga impuestos a la Alcaldía lo que le da derecho a usar los camiones y expresando que estos también son prestados a otras personas que los usan en asuntos particulares.


Otro caso que nos permite regocijarnos por los cambios hechos en la construcción de obras públicas:

Villa El Sauce
A través de préstamos concedidos por el Banco Centroamericano de Integración (BCI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a un costo de un millón 137 mil colones, fue construido por el Fondo de Inversión de Social (FISDL) un puente en villa El Sauce, en 2000. En junio 2001 se conoció que el propósito del proyecto era comunicar a ocho comunidades de esa zona, algo que no puede lograrse porque las calles que uniría el referido puente no existen.

Escalera eléctrica hacia la nada



Este proyecto evidencia la irresponsabilidad y falta de criterio técnico en la construcción de obras públicas, que en el caso de un puente requieren como condición obvia la existencia de las calles a unir o al menos la construcción simultánea de las mismas. Mientras tanto las comunidades de la zona cargan con el costo de oportunidad de la obra y por su lado, los préstamos efectuados para realizarla están devengando los intereses respectivos.



Menos mal que 20 años después ya no sufrimos esas cosas


El ingenio El Carmen
…los propietarios entregaron en pago el Ingenio al BFA, con un valor sobre-estimado de 59 millones (el valor real era de 18 millones de colones).
En 1998 el BFA vendió el Ingenio a la Administradora El Carmen, que está integrada por INCAÑA y Granja Los Patos. Los principales socios de esta última empresa, que fue registrada tres días antes de la transacción, son Enrique Rais y Héctor Cristiani, este último primo del ex-presidente de la República, Alfredo Cristiani.

La junta de directores del BFA, ignorando una oferta de 60 millones de colones hecha por el ingenio Chanmico, aprobó vender el ingenio El Carmen a las sociedades INCAÑA y Granja Los Patos por un monto de 59 millones de colones.


Fertilizante de Japón
Lo que fue reportado el 7 de mayo 2001 como un robo de 11 mil 418 sacos de sulfato de amonio, de un donativo de 300 mil sacos entregados por el gobierno de Japón, destapó otras graves irregularidades que involucraron al gobierno y a grandes comerciantes y agricultores del país asociados con el partido oficial.
Aunque los fertilizantes donados tenían por propósito beneficiar a los pequeños agricultores, al menos el 70% fueron a parar en manos de una empresa y dos cooperativas. UNIFERSA, la principal importadora y comercializadora de fertilizantes en el país, se habría quedado con 70 mil sacos y las cooperativas Cuzcachapa (Santa Ana) y la Marona (Usulután), con 40 mil y 100 mil sacos respectivamente.
Hasta 1997 SETEFE vendía el fertilizante, cuyos ingresos eran luego usados en obras sociales, a través de licitación al mejor postor. Luego en 1998, la venta comenzó a hacerse a través de la Bolsa de Productos Agropecuarios de El Salvador (BOLPROES), pero siempre usando el mismo mecanismo de licitación, donde abiertamente los ganadores eran las grandes empresas.


UNIFERSA y Ricardo Montenegro
Ese mismo mes, el director ejecutivo de UNIFERSA, Ricardo Montenegro, se vio obligado a reconocer públicamente que su empresa si había adquirido el fertilizante a través de diez empresas relacionadas con la suya: Maquinaria, RAMPA Inversiones, Montecayo, Rigafer, Inversiones El Macotal, Excafé, Exagrico, M.G. Mercantil, Valcara e Inv. El Cipresón.
El Diario de Hoy reportó que los directivos o representantes de las empresas que compraron el fertilizante para luego venderlo a UNIFERSA son propiedad del mismo Montenegro o de sus parientes. Por ejemplo, de la Sociedad Montecayo sus integrantes son Ana Isabel Lacayo de Montenegro y Ricardo Montenegro Palomo; en RAMPA inversiones participa Raúl Antonio Montenegro, hermano del director de UNIFERSA; y por su parte Eduardo y Gabriel Montenegro integran la sociedad Maquinaria.

En el gobierno del ex-presidente Armando Calderón Sol (1994-1999) (Montenegro) se desempeñó como Ministro de Hacienda hasta el 29 de noviembre de 1994, fecha en que se vio obligado a renunciar. Fue acusado de hacer uso de tráfico de influencias para que una de sus empresas de fertilizantes, SERTESA, se beneficiara con la adjudicación de otra donación japonesa.
…Además, Montenegro fue denunciado por encubrir a SERTESA en la evasión de impuestos y por favorecer ilegalmente con aranceles preferenciales, en común acuerdo con el ministro de Agricultura y primer designado presidencial de ese entonces, Carlos Mejía Alferez, a empresas importadoras de arroz. Mejía Alferez también fue forzado a renunciar a su cargo por las denuncias en su contra.
Se supone que en este caso el ex-presidente Armando Calderón Sol permitió a sus ministros una “salida honrosa”, una práctica ilegal común en El Salvador mediante la cual cuando un funcionario se ve involucrado en irregularidades se le dispensan las sanciones a cambio de renunciar a su cargo. Las “salidas honrosas”, además de usarse para encubrir a los responsables de actos de corrupción, le sirven al gobierno para evitar que su imagen sea dañada y diluir las conmoción y presiones sociales que surgen como reacción a los perjuicios que tales irregularidades provocan.

Menos mal, Montenegro ya no vive del Estado…



Olvídenlo



Ya esto se puso demasiado largo, así que