Finalmente tuve la paciencia de ponerme a leer todo el artículo «La farsa de la investigación del asesinato de monseñor Romero«, donde Efrén Lemus hace un recuento de la negligencia del sistema judicial salvadoreño para aclarar el asesinato de monseñor Romero.
Le recomiendo que usted también lo lea.
Y, si es tan básico como yo, quizá quiera ponerle carita a algunos de los individuos mencionados.
José Francisco Guerrero, amigo de D’aubuisson, que fue fiscal de la república en 1984 y que, en 1988, presidía la Sala de lo Constitucional que sentenció «La Sala considera que la referida prueba testimonial no merece entera fe para que pueda servir de base a la detención provisional decretada (…) El testigo rindió su declaración siete años, siete meses, 24 días después de haber ocurrido el hecho sobre el cual depone, le resta completa credibilidad a su testimonio”.
Ricardo Alberto Zamora Pérez, el juez encargado de esclarecer el asesinato de monseñor Romero en 1989. «Se enteró oficialmente de que hay una investigación paralela sobre el caso, de la cual él no había tenido control. Este día es citado a declarar Julio Alfredo Samayoa hijo, ministro de Justicia y presidente de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, la que resolvió en tres años, lo que jueces y fiscales no pudieron resolver en nueve años». El 31 de marzo de 1993, «cuando se cumplen 13 años y una semana del asesinato de Romero, el juez Zamora Pérez aplicará una nueva ley, que apenas entró en vigencia el día anterior: la ley de amnistía».
Del «doctor» Héctor Antonio Regalado, presunto autor material del asesinato, no encontré foto alguna. Pero hallé esta nota vieja de cuando decidió demandar a la Deutsche Welle por decir que él fue el asesino. También lo hallé mencionado en este enlace que detalla la corrupción dentro de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés):
Para entrenar a sus escuadrones de élite contra la droga, (Celerino) Castillo usó los servicios de renombrados líderes de escuadrones de la muerte. El doctor Héctor Antonio Regalado fue contratado como entrenador en armas de fuego de la unidad de Castillo en El Salvador por recomendación del coronel James Steele, comandante del grupo militar de los Estados Unidos que supervisó las fuerzas armadas estadounidenses en Centroamérica.
Entrenado en la Escuela de las Americas de Estados Unidos en Fort Benning, Georgia, Regalado a menudo fanfarroneó sobre haber apretado el gatillo contra el arzobispo Oscar Romero, un globalmente querido activista por los Derechos Humanos, en marzo de 1980. Regalado era también un experto en tortura, usando frecuentemente sus habilidades como dentista para extraer información de notorios «subversivos». Para disgusto de Castillo, los más notorios carniceros y traficantes de droga de los escuadrones de la muerte se convirtieron en sus estudiantes y colegas. Mientras que las clases de Castillo se trataban principalmente de vigilancia, tácticas de asalto y entrenamiento en armas de fuego, otras detallaban explícitos métodos de tortura. Consideradas como «técnicas de entrevista», los estudiantes aprendían como usar picanas y mangueras y a sumergir las caras de los sospechosos en baldes de agua hasta casi ahogarlos.
Aquí está este otro enlace que habla de la identificación de Marino Samayoa Acosta como el asesino, de lo cual también hacen mención en el artículo de El Faro: (En el 2012) «Regalado pide al juez que, en caso de no existir investigación en su contra, le otorgue un documento que así lo certifique. El juez le respondió que no le podía dar esa certificación porque él nunca ha sido procesado oficialmente por el crimen de monseñor Romero, nunca ha tenido la calidad de imputado. El juez se limitó a entregarle una resolución que dice: “Se han revisado los libros de entrada de procesos penales desde 1976 hasta la fecha, no existiendo causa pendiente ni fenecida en contra del señor Héctor Antonio Regalado Herrera”.
Y aquí seguimos, siendo el país a punto de tener el único santo de la época moderna cuyo asesinato sigue impune.
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